El Gobierno se presentó ante la jueza Loretta Preska para impedir que Burford Capital utilice pruebas del juicio de Nueva York en un nuevo proceso ante el CIADI.
BUENOS AIRES (27 de abril de 2026).– En un nuevo capítulo de la extensa batalla judicial por la nacionalización de YPF, la República Argentina presentó una férrea oposición ante los tribunales de Nueva York para bloquear la estrategia de los fondos buitre. La defensa nacional busca evitar que el material probatorio y los datos confidenciales obtenidos durante el juicio en EE. UU. sean utilizados por Burford Capital en un nuevo arbitraje internacional.
La presentación, realizada el pasado viernes ante la jueza Loretta Preska, surge como respuesta al intento de los demandantes de trasladar el conflicto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Según la postura argentina, existe un acuerdo de confidencialidad y una orden de protección vigentes que limitan el uso de la información del expediente exclusivamente al proceso que se tramitó en el Segundo Circuito de Nueva York.
Un cambio de escenario
Esta movida legal ocurre tras el reciente alivio para las arcas públicas: a fines de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto la condena de primera instancia que obligaba al país a pagar más de US$ 16.000 millones. Ante este revés, el fondo Burford Capital —que adquirió los derechos de litigio de las empresas Petersen Energía y Eton Park— busca reabrir el caso bajo la órbita del Banco Mundial (CIADI), alegando violaciones a tratados de inversión.
«El intento de reutilizar el material del juicio es improcedente y anticipado», sostuvieron los abogados que representan a la Argentina. El Gobierno argumenta que el traslado de pruebas sensibles a otro tribunal violaría los términos legales acordados originalmente en la Corte de Nueva York.
El rol de YPF
La petrolera estatal también se sumó al rechazo. La defensa corporativa de YPF subrayó que la información en disputa contiene datos estratégicos y confidenciales que no pueden ser divulgados en procesos ajenos al tribunal de origen.
Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones no solo revocó la millonaria condena contra el Estado nacional, sino que también confirmó la desestimación de las demandas directamente contra la petrolera, lo que dejó a los fondos buitre con un margen de acción muy reducido en la justicia estadounidense.
Lo que viene
La jueza Preska deberá decidir ahora si hace lugar al pedido de Argentina de mantener los datos bajo llave o si permite que Burford acceda a esa información para su nueva ofensiva en el CIADI. Expertos legales sugieren que este movimiento es clave para la soberanía económica del país, ya que de ello depende que se evite un nuevo juicio prolongado con costos financieros impredecibles.
Por el momento, el frente judicial externo se mantiene en una tensa calma, mientras el país espera que la resolución favorable de la Cámara de Apelaciones adquiera firmeza definitiva.
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