En medio de una situación fiscal crítica, diversos gobernadores han comenzado a sondear la posibilidad de un nuevo pacto fiscal que les permita oxigenar sus arcas. Con las transferencias discrecionales reducidas al mínimo y una recaudación propia que no logra compensar la caída de la actividad, los mandatarios provinciales «prenden velas» con la esperanza de encontrar un alivio financiero. Sin embargo, la respuesta del Gobierno Nacional ha sido tajante: no habrá asistencia ni nuevos acuerdos si no existe un compromiso explícito de reducir la carga tributaria local, poniendo el foco principalmente en Ingresos Brutos y Sellos.
Esta exigencia del Ejecutivo central coloca a las provincias en una situación de extrema vulnerabilidad. Por un lado, la Casa Rosada sostiene que la reactivación económica depende de una baja generalizada de impuestos que fomente la inversión; por el otro, los gobernadores advierten que recortar sus ingresos actuales, sin una compensación clara de Nación, pondría en riesgo la prestación de servicios básicos como salud, educación y seguridad. El conflicto de intereses escala mientras los equipos técnicos de las provincias evalúan hasta dónde pueden ceder sin comprometer la gobernabilidad de sus distritos.
La tensión no es solo económica, sino profundamente política. En los pasillos de las gobernaciones se percibe el temor de que aceptar las condiciones del Gobierno nacional implique un «desarme financiero» que los deje sin herramientas ante futuras crisis. Mientras el diálogo continúa bajo un clima de desconfianza mutua, el tiempo corre para las administraciones provinciales, que ven cómo sus márgenes de maniobra se estrechan frente a la intransigencia de un Gobierno central que ha hecho de la disciplina fiscal su bandera innegociable.
