La iniciativa ingresó este sábado a la Cámara Alta impulsada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones. Desde el Poder Ejecutivo argumentan que el actual sistema de octógonos negros genera severas distorsiones económicas, confunde a los consumidores y carece de flexibilidad regulatoria.
Cuestionamientos al modelo técnico y la lógica binaria
En un fuerte avance contra las regulaciones de la administración anterior, el Gobierno nacional formalizó la presentación del proyecto de ley que busca borrar del mapa normativo a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (N° 27.642). La Casa Rosada justificó la medida alegando que la normativa vigente arrastra profundas fallas de carácter “técnico, operativo y económico”, reclamando a los legisladores un tratamiento exprés para desmantelar el andamiaje actual.
El corazón de la crítica oficial apunta contra el perfil de nutrientes que dictamina la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cual rige la aparición de los sellos negros. Según el texto enviado al Congreso, este modelo aplica un criterio uniforme y rígido sobre matrices alimentarias completamente disímiles:
- Omisión de porciones: El sistema calcula los excesos sobre un estándar fijo y no sobre la porción real que consume habitualmente el ciudadano.
- Paridad distorsiva: Alimentos tradicionales o de procesamiento básico terminan exhibiendo la misma cantidad de advertencias que un producto ultraprocesado, lo que —a ojos del Ejecutivo— simplifica al extremo la información y termina desorientando al comprador en la góndola.
- Desincentivo industrial: Al funcionar bajo una lógica «binaria» (el producto lleva sello o no lo lleva), la ley no premia ni reconoce los esfuerzos o mejoras parciales que las empresas realizan para reformular y mejorar la composición de sus artículos.
El impacto en las PyMEs y la asimetría en el Mercosur
La dimensión económica ocupa un lugar central en los fundamentos del proyecto de derogación. La administración libertaria remarcó que la desconexión normativa entre la ley local y las directrices vigentes en el resto de los países miembros del Mercosur genera un escenario de franca asimetría comercial.
Esta falta de criterios unificados a nivel regional obliga al aparato productivo, y muy especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), a costear líneas de envasado y etiquetado diferenciadas según el mercado de destino, encareciendo los costos operativos y restando competitividad externa a las manufacturas nacionales.
Asimismo, la Casa Rosada fustigó la rigidez legal del articulado vigente, explicando que los parámetros metodológicos quedaron cristalizados en una ley nacional de difícil modificación, cuando por su naturaleza técnica deberían ser dinámicos para amoldarse con rapidez a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina o a los nuevos consensos de la ciencia internacional.
Qué pasará con la información nutricional de los alimentos
La propuesta de derogación no contempla únicamente el fin de los octógonos negros, sino que también busca desarticular todo el paquete accesorio de la ley de 2022. De aprobarse el texto oficial en el Parlamento, caerán de forma inmediata las restricciones que hoy pesan sobre la publicidad de alimentos dirigida a las infancias, el veto a las promociones dentro de los establecimientos escolares y la prohibición de utilizar personajes animados, deportistas o mascotas en los paquetes de golosinas y cereales.
Pese al profundo quiebre de paradigma que encierra la medida, desde el Ministerio de Salud aclararon de forma taxativa que el desmantelamiento de los sellos no significará un apagón informativo para el consumidor:
| Componente Obligatorio | Estado de Regulación bajo el nuevo proyecto |
| Octógonos negros de advertencia | Eliminación total en todos los envases |
| Restricciones de publicidad infantil | Derogación completa de las prohibiciones |
| Tabla nutricional al dorso (Calorías, grasas, sodio, azúcares) | Sigue vigente bajo el Código Alimentario Argentino y normas Mercosur |
De esta manera, el oficialismo reabre un debate de altísimo voltaje político y social en el Congreso, midiendo fuerzas con las organizaciones civiles y los organismos de salud que defendieron la instalación del etiquetado, en un escenario donde las cámaras empresariales de la alimentación venían reclamando cambios estructurales a la normativa.







