El proyecto de ley contra la ludopatía enviado por el Gobierno al Senado comenzó a generar fuertes debates en el Congreso, principalmente porque permite la publicidad de los juegos de azar bajo ciertas condiciones, una postura que choca de frente con la prohibición total que había aprobado la Cámara de Diputados en noviembre de 2024.
La iniciativa oficialista busca modificar el texto que venía de la Cámara Baja. Aquella media sanción de 2024 se logró con 139 votos a favor del peronismo y otros bloques opositores, frente a 36 votos en contra de La Libertad Avanza y 59 abstenciones del PRO y la UCR. El Senado había tratado el tema en comisiones durante septiembre de 2025, pero el debate quedó estancado por diferencias internas. Ahora, el nuevo texto deberá ser analizado por las comisiones de Legislación General, de Salud, y de Justicia y Asuntos Penales.
A continuación, se detallan uno por uno los puntos centrales del nuevo proyecto de ley:
En cuanto a la regulación general, el texto ratifica que se prohíbe de forma total el acceso y el uso de plataformas de apuestas en línea a menores de edad. Para combatir el juego ilegal, el Gobierno busca erradicar la explotación de juegos de azar en línea que no estén autorizados, incluyendo su difusión. Además, el Estado asumirá la obligación de concientizar a la población sobre los efectos del juego patológico y deberá elaborar estadísticas e información epidemiológica para monitorear el alcance de esta problemática y proteger a los grupos más vulnerables.
El eje de la publicidad es el punto que mayor polémica despierta en el Congreso. A diferencia del proyecto opositor que la prohibía por completo, la nueva propuesta permite la publicidad de las casas de apuestas siempre que estén autorizadas, pero bajo severas restricciones. Queda prohibida la publicidad de plataformas ilegales y se establece que los anuncios no podrán estar dirigidos a menores de edad. Tampoco se permitirá el uso de contenidos que vinculen las apuestas con el éxito personal, laboral o social, ni que sugieran aceptación social. Asimismo, los anuncios no deberán promover el consumo de alcohol o tabaco, y los medios de comunicación tendrán la obligación de constatar que la empresa que se publicita sea un operador oficialmente autorizado.
Finalmente, el proyecto endurece de manera lógica las penas contra las apuestas clandestinas. Se establece una pena de prisión de tres a seis años para quienes operen plataformas ilegales sin la debida autorización de las jurisdicciones correspondientes. En la misma sintonía, se castigará con prisión de dos a cuatro años a quienes presten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios esenciales para el funcionamiento de estas plataformas, a sabiendas de que no cuentan con el permiso legal obligatorio.
