En una sesión histórica y tras un extenso debate, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia. Con esta sanción, el Poder Ejecutivo quedó autorizado a gestionar financiamiento por hasta 600 millones de dólares, una herramienta clave que estará destinada de forma exclusiva a ejecutar un ambicioso plan de infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional en diferentes departamentos.
El proyecto de ley faculta al Gobierno provincial a acceder a diversas alternativas financieras, que incluyen empréstitos, líneas de crédito y la emisión de títulos o bonos, con el claro objetivo de reactivar y acelerar la obra pública estratégica en un escenario marcado por la fuerte retracción de los fondos de inversión provenientes de la Nación.
La votación en el recinto arrojó 23 votos afirmativos y 12 negativos. El dato político más destacado de la jornada fue el acompañamiento de seis diputados peronistas que decidieron votar a favor de la iniciativa oficialista: Juan Carlos Cabello, Gabriel Sánchez, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Jorge Castañeda y Franco Aranda.
El debate legislativo reflejó posturas muy marcadas. Los defensores del proyecto hicieron hincapié en la urgencia de contar con recursos para sostener el empleo y potenciar la economía local, mientras que la oposición centró sus críticas en las dudas sobre las condiciones del endeudamiento y la falta de precisiones técnicas de los créditos. La tensión política también se sintió en los palcos con la presencia de varios intendentes de la oposición, quienes se retiraron del lugar poco antes de que se iniciara la votación general.
Sin dudas, la postal más sorpresiva y comentada de la jornada fue la presencia del gobernador Marcelo Orrego en la Legislatura. El mandatario provincial llegó a media mañana para seguir de cerca y de manera personal el tratamiento de la norma, un hecho totalmente inusual para la dinámica política sanjuanina, donde los gobernadores habitualmente asisten al recinto solo para la apertura anual de sesiones ordinarias. Con esta ley en mano, las autoridades provinciales iniciarán de inmediato las gestiones técnicas para definir las prioridades del cronograma de obras y salir a buscar los fondos en los mercados financieros.
