Un confuso y violento episodio registrado el pasado lunes por la mañana en el centro de San Juan desató una fuerte polémica institucional que involucra al Ministerio Público Fiscal y a la Policía de la provincia. Todo comenzó con un llamado de emergencia por un presunto caso de violencia machista contra una joven que se desempeña como empleada en una Unidad Fiscal de Instrucción (UFI). Sin embargo, el procedimiento derivó en denuncias cruzadas: mientras las agentes policiales imputaron a la mujer por agresiones físicas y resistencia a la autoridad bajo el sistema de Flagrancia, allegados a la víctima denunciaron una severa falta de perspectiva de género, ensañamiento institucional y que la joven fue esposada a pesar de presentar lesiones visibles de una golpiza por parte de su pareja, quien se encuentra detenido.
De acuerdo con las primeras informaciones recabadas desde el entorno de las Fuerzas de Seguridad, la intervención se originó tras un llamado al 911 realizado por la hermana de la presunta víctima, alertando sobre un violento ataque intrafamiliar en un domicilio ubicado sobre calle Mitre, en el departamento Capital. Al arribar al lugar con el fin de rescatar a la damnificada, los uniformados aseguraron haberse encontrado con un escenario de extrema hostilidad.
Fuentes policiales señalaron de forma fáctica que la empleada judicial se encontraba «fuera de sí» y que, lejos de recibir la asistencia, arremetió físicamente contra el personal actuante, propinándoles golpes. Ante esta reacción, las efectivas formalizaron una denuncia penal contra la joven por los delitos de «lesiones, daño y desobediencia a la autoridad», dando intervención inmediata a la UFI de Flagrancia. Voceros de la Fuerza expresaron además su suspicacia debido a que el incidente no fue comunicado de manera inicial a través de los canales oficiales de prensa del Ministerio Público.
En contraposición al relato policial, fuentes cercanas a la joven brindaron una versión diametralmente opuesta y centraron el eje de la crítica en el accionar y los protocolos de contención de los uniformados. Según este testimonio, el personal policial que intervino en el domicilio careció por completo de perspectiva de género y revictimizó de forma sistemática a quien debía ser protegida.
Los allegados denunciaron que la empleada judicial presentaba signos corporales y lesiones totalmente visibles producidas por la agresión previa de su novio. Pese a su condición de vulnerabilidad y al estado de shock postraumático en el que se encontraba, fue tratada como una delincuente ordinaria, llegando al extremo de ser esposada y reducida en el suelo por las propias agentes del orden.
La gravedad institucional del hecho provocó la apertura paralela de dos expedientes en diferentes fueros del Poder Judicial de San Juan:
- Investigación por Violencia de Género: Radicada formalmente en la UFI CAVIG, donde los fiscales instruyen el legajo penal para determinar el alcance de la golpiza recibida por la empleada judicial. Por este hecho principal, su novio y presunto agresor fue aprehendido y permanece en condición de detenido calificado.
- Investigación por Atentado a la Autoridad: Tramitada ante la UFI de Flagrancia, donde se busca peritar de forma técnica mediante testimonios y registros si existió un delito de resistencia activa por parte de la mujer o si su conducta fue una respuesta amparada en la crisis emocional derivada del ataque doméstico.
