La Secretaría de Ambiente de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) pusieron en marcha el primer estudio poblacional y monitoreo de catas; la investigación comenzará en el departamento Sarmiento con el objetivo de generar una base científica sólida que permita aplicar un plan estratégico de control ético de la especie ante las severas pérdidas económicas denunciadas por los productores.
El acuerdo formal busca dar una respuesta institucional a una problemática creciente que afecta de forma directa al sector productivo sanjuanino. El secretario de Ambiente, Federico Ríos, resaltó el carácter inédito de esta iniciativa conjunta y precisó que, si bien las tareas de campo y los relevamientos técnicos se concentrarán inicialmente en el territorio de Sarmiento por ser el área con mayor densidad de reclamos, el programa prevé extenderse progresivamente hacia otros departamentos afectados de la geografía provincial.
El diseño metodológico y la ejecución del diagnóstico ambiental estarán a cargo de una mesa interdisciplinaria de alta complejidad. La misma se encuentra integrada por especialistas e investigadores de la UNSJ, técnicos de la Secretaría de Ambiente, miembros del Ministerio de Producción, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y profesionales del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
Por su parte, el director de Conservación, Ezequiel Salomón, argumentó que contar con datos estadísticos y censos poblacionales rigurosos es una condición indispensable antes de ejecutar cualquier medida de manejo biológico. La urgencia del abordaje radica en la gravedad de los reportes emitidos por los damnificados: según las estadísticas oficiales del organismo de conservación, se han registrado reducciones de hasta el 30% en la producción local, siendo los cultivos de vid y de pistacho los que sufren el mayor impacto y los ataques más severos por parte de estas aves.
El convenio técnico-científico suscripto entre el Ejecutivo provincial y la casa de altos estudios posee un plazo formal de vigencia estipulado en 15 meses. No obstante, debido al apremio del sector agrícola por la llegada de las próximas temporadas de cosecha, las autoridades gubernamentales y universitarias confirmaron que esperan procesar los datos preliminares y obtener los primeros informes de situación antes de que finalice el corriente año. Esto permitirá delinear las primeras acciones concretas de mitigación y control ético en las zonas de cultivo más críticas.
