En un clima de alta tensión gremial, el Gobernador respaldó la propuesta salarial de la provincia. Destacó la absorción de fondos nacionales y manifestó su «profunda admiración» por los maestros, mientras el conflicto se traslada al terreno judicial.
SAN JUAN – El gobernador Marcelo Orrego rompió el silencio este martes para sentar posición en uno de los conflictos más complejos de su gestión: la paritaria docente. En medio de la impugnación presentada por los gremios UDAP, UDA y AMET ante la Subsecretaría de Trabajo, el mandatario ratificó que la última oferta oficial no solo es superadora, sino que garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El «máximo esfuerzo» provincial
Durante una rueda de prensa, Orrego fue enfático al señalar que los números presentados en la mesa de negociación buscan proteger el poder adquisitivo frente al avance de los precios. «La oferta va por encima de la inflación», aseguró, haciendo referencia al incremento de $150.000 que busca asegurar un piso salarial digno para los docentes de grado.
El Gobernador puso especial relieve en el contexto nacional, recordando que la provincia debió hacerse cargo de ítems que antes financiaba el Gobierno Nacional, como el FONID (Fondo de Incentivo Docente) y el Fondo de Conectividad. «Fuimos y lo suplimos sin titubear porque sabemos las necesidades de los docentes», subrayó.
Admiración vs. Conflicto Gremial
Uno de los puntos que más llamó la atención fue el tono conciliador que el mandatario intentó mantener hacia los trabajadores de la educación, diferenciándolos de las cúpulas sindicales. Orrego expresó sentir una «profunda admiración» por los maestros, elevando el tono institucional en un momento donde la relación con los gremios atraviesa su punto más crítico debido a las medidas que buscan garantizar la presencialidad en las aulas.
«Jerarquizar la educación es una prioridad, pero debemos cuidar el orden fiscal que hoy posiciona a San Juan como la tercera provincia más saneada del país», advirtió el mandatario.
El frente judicial y el impacto presupuestario
El conflicto ya no se dirime solo en las oficinas de Educación. La judicialización por parte de los sindicatos, que ven amenazado el derecho a huelga por las nuevas normativas de presencialidad, añade una capa de incertidumbre al ciclo lectivo.
Orrego advirtió que cualquier movimiento presupuestario en el sector docente tiene un efecto dominó en el resto de la administración pública:
- Alcance: El acuerdo impacta directamente en un universo de 50.000 empleados públicos.
- Límite: El Gobierno sostiene que no pondrá en riesgo el equilibrio financiero para otorgar aumentos que no se puedan pagar en el mediano plazo.
Por ahora, la pelota está en el campo de la Subsecretaría de Trabajo, que deberá resolver la impugnación gremial, mientras el Ejecutivo provincial mantiene su postura de «puertas abiertas al diálogo» pero con las planillas de Excel bajo llave.
