La Legislatura porteña sancionó la reforma impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La nueva normativa endurece drásticamente el Código Contravencional contra cuidacoches y limpiavidrios, habilitando la detención efectiva en el acto, la quita de planes sociales y duras sanciones para los clubes o instituciones cómplices.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley 6961, una profunda reforma al Código Contravencional que endurece de forma sustancial las sanciones contra los «trapitos» y limpiavidrios que operan en la vía pública. La norma, impulsada directamente por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, obtuvo 36 votos a favor e introduce la posibilidad de detención efectiva para quienes se apropien del espacio público, con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel.
El trasfondo de este cambio legal responde a una alarmante estadística oficial: entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas a esta actividad. Según las autoridades, el esquema anterior era ineficaz porque las multas resultaban incobrables. Si bien la actividad se mantiene en el rango de contravención —sin ser elevada a delito—, la nueva escala penal transforma por completo las consecuencias para los infractores. «Los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos», sentenció con dureza Macri.
Escala de penas de cárcel y agravantes de género
La nueva normativa faculta expresamente a la Policía de la Ciudad a proceder a la detención en el momento exacto en que se constate la infracción, bajo el siguiente escalonamiento:
- Cuidacoches ilegales en la vía pública: penas de entre 10 y 30 días de arresto.
- Actividad en eventos masivos (en banda u organización): penas de entre 20 y 50 días de prisión.
- Jefes, líderes u organizadores de las redes: penas de hasta 60 días de cárcel.
Asimismo, la ley establece una cláusula de agravamiento que duplica las penas si la conducta está basada en la desigualdad de género, se realiza con intimidación o persistencia, o se comete aprovechando la vulnerabilidad del conductor o del entorno. Por otra parte, quienes actúen de forma organizada en eventos masivos podrán quedar inhabilitados por hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales de la Ciudad.
Multas de hasta 6 millones de pesos y castigos institucionales
El nuevo esquema también reformuló las sanciones económicas y alternativas. Los días de trabajo comunitario —denominados de «utilidad pública»— pasaron de un máximo de 2 días a un rango de entre 20 y 45 días. En cuanto a las multas monetarias, sufrieron un fuerte aumento: el piso arranca en $1.139.988 (1.200 Unidades Fijas) y la escala máxima se fijó en 7.000 Unidades Fijas (UF). Teniendo en cuenta que el valor actual de cada UF es de $949,99, el monto de la multa máxima llega a los $6.649.930.
Finalmente, el control en eventos masivos se amplió drásticamente: el radio de prohibición se extendió a cualquier tipo de evento (no solo deportivos o artísticos) abarcando hasta 50 cuadras a la redonda. Además, los operativos comenzarán 6 horas antes del inicio y finalizarán 3 horas después. En caso de comprobarse complicidad de algún club, institución u organizador con estas mafias, las multas institucionales se duplicarán (llegando a los $20 millones aproximadamente) y las clausuras de los establecimientos podrán extenderse hasta los 90 días.
