El proyecto busca que quienes posean causas pendientes o condenas firmes queden excluidos tanto del acceso a viviendas sociales como de las líneas de crédito del organismo estatal.
En el marco de un paquete de medidas orientadas a regular los requisitos de acceso a los beneficios del Estado, se dio a conocer una iniciativa que promete generar debate en la provincia. El proyecto propone modificar las condiciones de postulación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sumando la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales limpio.
De concretarse la medida, toda persona que cuente con antecedentes delictivos quedará inhabilitada en dos frentes clave:
- Adjudicación de casas: No podrán formar parte de los padrones ni resultar beneficiarios en los sorteos de viviendas sociales.
- Asistencia financiera: Quedarán excluidos de cualquier tipo de préstamo o asistencia económica que otorgue la repartición para construcción o refacción.
Desde los sectores que promueven la iniciativa señalan que el objetivo es priorizar a las familias que cumplen con las normas de convivencia ciudadana y optimizar el destino de los recursos públicos habitacionales, dada la alta demanda que registra el IPV en la provincia. En los próximos días se conocerán más detalles sobre el alcance de la restricción y si contemplará excepciones según el tipo de delito o la antigüedad de las penas.
