El primer informe oficial técnico sobre la calidad de las cañerías del Acueducto Gran Tulum ha arrojado conclusiones alarmantes que ponen en jaque la obra de infraestructura más importante de San Juan. La consultora Interacción, con la certificación internacional de Bureau Veritas, determinó que las tuberías instaladas por la empresa Krah no están diseñadas para el transporte de agua potable, sino que corresponden a sistemas de cloacas y desagües pluviales. Según el documento que ya está en manos de la Justicia, estos caños fueron fabricados con insumos que no son aptos para el consumo humano y que presentan un riesgo potencial de toxicidad para la población debido a la migración de partículas nocivas al agua.
La investigación técnica solicitada por OSSE confirma que los materiales utilizados carecen de la resistencia necesaria para soportar la presión de un acueducto de agua potable. Esta revelación impacta directamente sobre una obra proyectada para abastecer a un millón de habitantes y que fue financiada mediante un crédito kuwaití de 100 millones de dólares que la provincia ya ha comenzado a pagar. El informe se suma ahora como prueba fundamental a la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó investigar presuntas irregularidades en la licitación, malversación de fondos y la calidad de los materiales empleados.
El entramado de las adjudicaciones señala que la firma Krah, cuyo apoderado era Gustavo Monti, ganó dos licitaciones clave durante las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac. La primera, en 2015, comprendió 13 kilómetros de cañería por más de 61 millones de pesos, mientras que la segunda, en 2017, involucró otros 56 kilómetros por una cifra superior a los 1.300 millones de pesos. En aquel entonces, la empresa competidora General Plastics ya había advertido formalmente a OSSE sobre el carácter experimental de estas tuberías y el hecho de que la oferta económica de Krah superaba ampliamente el presupuesto oficial, advertencias que no impidieron el avance de la adjudicación.
La situación actual ha derivado en una crisis administrativa y judicial sin precedentes. OSSE ya ha desplazado a personal jerárquico por su desempeño durante el desarrollo de la obra y ha remitido más de 100 cajas con documentación al Ministerio Público Fiscal. Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez encabezaron recientemente una inspección ocular en el ramal principal que une el dique Punta Negra con la planta de Marquesado para verificar si la instalación coincide con los planos originales. Ante la gravedad del informe de Interacción, el Gobierno ha decidido dar intervención al INTI para una contraprueba definitiva.
Si el Instituto Nacional de Tecnología Industrial confirma estos hallazgos, las consecuencias para San Juan serán catastróficas. Las tuberías actuales deberán ser retiradas y la obra quedará paralizada por falta de fondos para una nueva compra, mientras la provincia permanece obligada a cancelar la deuda internacional en dólares. Lo que fue concebido como una solución estratégica para el siglo XXI se encamina a convertirse en un escándalo de salud pública y mal manejo de recursos estatales que podría terminar con allanamientos y pedidos de detención para los responsables privados y ex funcionarios involucrados.
