El Gobierno de Javier Milei se encuentra en etapas avanzadas de diseño para implementar un programa de ciudadanía por inversión que busca captar divisas extranjeras durante este año. La iniciativa, reportada inicialmente por Financial Times, tiene como objetivo central robustecer las reservas del Banco Central y ayudar a afrontar los vencimientos de deuda soberana en el corto y mediano plazo. Si bien los montos definitivos aún están sujetos a confirmación oficial, se barajan esquemas que permitirían obtener la nacionalidad argentina mediante un pago no reembolsable de USD 500.000 o la adquisición de bonos soberanos «cupón cero» por USD 1 millón.
La arquitectura del programa contempla la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía que tendrá la responsabilidad de supervisar las solicitudes. Este procedimiento incluye una evaluación integral de seguridad que involucra a organismos clave como el Ministerio de Seguridad Nacional, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con el fin de garantizar la trazabilidad de los fondos y descartar riesgos de lavado de dinero o delitos internacionales. Una vez superada esta etapa de control, la Dirección Nacional de Migraciones será la autoridad competente para emitir una resolución final en un plazo de 30 días hábiles.
Desde el punto de vista del inversor, el principal atractivo reside en el valor del pasaporte argentino, que permite el acceso sin visa a casi 170 países y otorga derechos de establecimiento dentro de los Estados miembros del Mercosur. A diferencia del modelo de residencia tradicional, que históricamente exigía al menos dos años de permanencia continua en el país para iniciar el proceso de naturalización, este nuevo esquema habilita una vía directa para quienes realicen una inversión considerada «relevante» por el Estado nacional.
No obstante, la medida no está exenta de críticas y desafíos operativos. Informes recientes han señalado preocupaciones respecto a la delegación de parte de la gestión en consultoras privadas y la falta de precisiones sobre el presupuesto y la estructura definitiva de la agencia estatal supervisora. Asimismo, el Ejecutivo debe navegar el escrutinio internacional que suele recaer sobre este tipo de políticas, dado que programas similares han sido cuestionados en otras jurisdicciones por la Corte de Justicia de la Unión Europea debido a vulnerabilidades en los estándares de seguridad y transparencia. Por ello, el Gobierno insiste en que el proyecto sigue bajo estudio para asegurar que el mecanismo se ajuste a las normativas vigentes y no comprometa los intereses nacionales.
