Los presuntos «traders» captaban ahorros en dólares con la promesa de jugosos intereses mensuales a través de criptomonedas y bancos virtuales en su financiera de Capital. Cinco denunciantes los acusan de haberlos dejado en la quiebra. Los imputados arrastran un oscuro historial que incluye un sospechoso asalto de 240.000 dólares que la Policía cree que fue un autorobo.
Una supuesta red de finanzas de alta rentabilidad terminó derivando en un escándalo penal que involucra montos millonarios. Dos hermanos sanjuaninos, identificados como Martín Esequiel y Eber Elías Zapata, fueron formalmente imputados por el delito de estafas reiteradas tras ser acusados de montar una farsa financiera para apoderarse de más de 130.000 dólares provistos por sus clientes (una cifra que al cambio nominal representa cerca de 160.000.000 de pesos). Detrás de las denuncias civiles, la Justicia comenzó a desenterrar un turbio historial de deudas, aprietes y dudosas denuncias policiales que los hermanos arrastran desde hace años.
La audiencia de formalización estuvo presidida por la jueza de garantías Mabel Moya. Según la acusación presentada por la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, las maniobras delictivas se perpetraban en las lujosas oficinas que los Zapata regenteaban bajo el nombre de «Denver», situadas sobre la Avenida Ignacio de la Roza, al este de calle España, en pleno centro de la Ciudad de San Juan.
Allí, los hermanos se promocionaban activamente como operadores financieros exitosos y experimentados traders. Con un discurso técnico convincente, aseguraban administrar carteras de inversión en bancos virtuales y activos de criptomonedas, prometiendo retornos de interés fijos de hasta un 5% mensual en dólares, con contratos que supuestamente permitían el retiro del capital inicial de forma inmediata.
Bajo este esquema, cinco ahorristas sanjuaninos cayeron en la trampa entregando todos sus ahorros:
- Una mujer de apellido Tinto les confió 25.000 dólares en el año 2022.
- Un damnificado de apellido Aráoz les entregó la suma de 150.000 dólares.
- Un inversor de apellido Riveros puso a disposición un monto de 20.000 dólares.
- Un cuarto denunciante, de apellido Peña, les dio más de 26.000 dólares.
- Una quinta víctima, de apellido Martos, sufrió un perjuicio de 71.000 dólares.
De acuerdo con el legajo judicial, el mecanismo funcionó bajo la lógica del esquema Ponzi: al principio, los damnificados percibieron de forma regular los primeros dividendos mensuales para dar una apariencia de legalidad. No obstante, con el transcurrir de los meses, los desembolsos se interrumpieron de manera abrupta y los hermanos comenzaron a interponer evasivas técnicas para no devolver los fondos.
La Fiscalía sostiene que los Zapata ya acarreaban severos desajustes de caja. En febrero de 2022, sufrieron un violento «apriete» en sus oficinas por parte de particulares que les exigían la restitución de 4.000 dólares que una madre les había entregado para invertir. El hito más controversial de la trama ocurrió el 29 de junio de 2023, cuando Eber Zapata denunció haber sido emboscado por una banda armada en la intersección de Calle 9 y Mendoza, en Pocito, donde supuestamente le sustrajeron 240.000 dólares en efectivo que transportaba en su auto sin custodia alguna.
Desde un primer momento, la Policía de San Juan y los investigadores desconfiaron de la veracidad del hecho. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona vecina jamás detectó la presencia de los vehículos sospechosos descritos por el denunciante. La hipótesis principal de la fuerza apunta a que se trató de un «autorobo» planificado con el único propósito de justificar ante sus acreedores y clientes la supuesta pérdida del dinero y eximirse de los pagos. De hecho, esa fue la excusa oficial que los Zapata les dieron a los cinco denunciantes actuales para no devolverles sus ahorros.
Durante la tramitación de la audiencia, los hermanos imputados optaron por ejercer su derecho constitucional de mantenerse en silencio y no prestaron declaración.
La jueza Mabel Moya dio por habilitada la apertura de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fijando un plazo de 6 meses para la producción de pruebas y pericias informáticas. Si bien la magistrada determinó que los Zapata continúen el proceso bajo el beneficio de la libertad condicional supeditada a normas de conducta estricta, les trabó una inhibición general de bienes sobre todas sus cuentas y propiedades registradas para evitar maniobras de vaciamiento económico.
