La investigación interna avanza contra Juan José González y Juan José Valverde, bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública. Se busca determinar las responsabilidades por el faltante de computadoras, impresoras y tablets abonadas por el Estado que nunca llegaron a la fuerza. Por ahora, seguirán en sus cargos.
La investigación por el escándalo de las computadoras destinadas a la Policía de San Juan sumó un nuevo capítulo en el plano institucional. Esta semana, la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública (Secams) pondrá en marcha un sumario administrativo para investigar formalmente la actuación del comisario Juan José González y del subcomisario Juan José Valverde. Ambos se encuentran imputados en la causa penal que busca esclarecer una millonaria maniobra con equipos tecnológicos que fueron pagados por el Estado, pero que terminaron almacenados en un depósito privado en lugar de llegar a los destinos oficiales correspondientes.
Los objetivos del expediente y su situación laboral
Desde el organismo de control confirmaron que el propósito principal de este expediente interno será desentrañar y establecer con precisión el nivel de responsabilidad administrativa de los efectivos en la polémica transacción. «Estamos iniciando un sumario administrativo para establecer la responsabilidad que tuvieron en esa situación», precisaron fuentes oficiales.
Respecto al plano estrictamente laboral, las autoridades indicaron que, por el momento, no se ha dispuesto el pase a disponibilidad ni la suspensión de los uniformados, por lo que continuarán prestando sus servicios habituales. De esta manera, González seguirá al frente de la Comisaría Buenaventura Luna, ubicada en el departamento Rawson, mientras que Valverde continuará en la Sección Bomberos D-9. «Están trabajando, por ahora. Se verá en el transcurso de la investigación si corresponde suspenderlos o no», agregaron desde el sector oficial.
Causas en paralelo y posibles sanciones
Este procedimiento de carácter disciplinario se tramitará en paralelo con la causa penal que sustancia la Justicia provincial. Aunque ambas investigaciones se centran sobre la misma plataforma fáctica, persiguen finalidades diferentes, motivo por el cual no tienen la obligación de marchar al mismo ritmo ni de concluir al mismo tiempo.
Durante el avance del sumario, la Secams se encargará de recopilar toda la documentación interna ligada a la compra, auditar las actuaciones y evaluar minuciosamente si se configuraron incumplimientos a los deberes funcionales inherentes a sus rangos. González (47) y Valverde (43) se encuentran formalmente imputados en el fuero penal por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según los resultados que arroje el análisis administrativo, el organismo determinará si corresponde aplicar sanciones, las cuales podrían derivar en una futura suspensión de los efectivos.
