La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en un trabajo articulado con la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Seguridad de la Nación, llevó adelante un importante operativo de control y prevención en el puesto interprovincial de San Carlos. La intervención tuvo como eje central el fortalecimiento de la vigilancia en rutas, el combate al narcotráfico y la prevención de delitos complejos como la trata de personas, consolidando una política de seguridad que busca garantizar la tranquilidad de la comunidad en los puntos estratégicos de ingreso y egreso a la provincia.
El despliegue contó con la participación activa de efectivos de la Dirección D5 de la Policía de San Juan, incluyendo al Departamento de Drogas Ilegales, personal de apoyo investigativo, la Brigada Central y la división de Sustracción de Automotores, junto al soporte operativo de la Dirección D7. Durante la jornada, se realizaron exhaustivos controles vehiculares y requisas orientadas a la detección de estupefacientes y sustancias prohibidas, combinando tareas de investigación de campo con la presencia policial preventiva en el corredor vial.

Además de las tareas operativas, el procedimiento puso un fuerte énfasis en la concientización ciudadana sobre la trata y explotación de personas. En este sentido, se promovió intensamente el uso de la Línea 145, un servicio gratuito, anónimo y disponible las 24 horas para denunciar situaciones de trabajo forzado, explotación sexual o desaparición de personas en todo el territorio nacional. Los equipos técnicos brindaron información detallada sobre cómo identificar estos delitos y la importancia del compromiso social para erradicarlos.

El operativo fue supervisado personalmente por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, quien estuvo acompañado por la directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Verónica Toller, y la delegada de Migraciones en San Juan, Carolina Velasco. La presencia de las autoridades nacionales y provinciales ratifica la decisión política de trabajar de manera integrada para anticiparse al delito y optimizar los recursos de seguridad en las fronteras internas del país.







