El armamento forma parte de una compra de 500 unidades realizada en 2022. La alerta se encendió tras un memorándum de cambios de destino en la División Armamento. Desde la fuerza hablan de un «grave desorden administrativo», pero no descartan realizar una denuncia penal.
La Policía de San Juan se encuentra en medio de un fuerte revuelo institucional tras confirmarse el inicio de una exhaustiva auditoría interna para determinar el paradero de 150 pistolas calibre 9 mm, marca Bersa. Las armas de fuego forman parte de un lote de 500 unidades que el Estado provincial adquirió a mediados de 2022 a través de una licitación pública adjudicada a la firma «Punto de Impacto». Sin embargo, al momento de controlar los inventarios, 150 de ellas no aparecen.
Según trascendió, el armamento que no ha podido ser localizado pertenece específicamente a los lotes de fabricación M y N. Por el momento, de manera oficial en la Fuerza se habla de un «desorden administrativo» de proporciones severas y de vieja data, acentuado por la histórica falta de un sistema de legajo digital para el seguimiento del equipamiento. Como muestra del descontrol, las inspecciones preliminares detectaron que actualmente hay subcomisarios portando armas que nominalmente estaban asignadas a cabos, repitiéndose este tipo de anomalías registrales en todas las jerarquías de la institución.
El memorándum que encendió las alarmas
La voz de alerta y la necesidad de auditar los depósitos se aceleró este lunes 13 de julio de 2026, luego de que la Jefatura resolviera aplicar «cambios de destino» sobre el personal de Seguridad mediante el memorándum 36/2026. Este documento oficial dispuso nuevos nombramientos dentro de la Dirección de Inspección y Logística, impactando de lleno en la División Armamento.
Ante las sospechas, altas fuentes policiales señalaron que existe la posibilidad de que «las pistolas estén aún en cajas y no hayan sido registradas en el sistema». De todas formas, la advertencia interna fue tajante: si la auditoría que está en curso no logra hallar físicamente las 150 armas en el corto plazo, se radicará de inmediato la correspondiente denuncia penal ante la UFI de turno para que investigue un posible caso de robo o desvío de material bélico oficial.
Sospechas, traslados y nuevas autoridades
La falta de las pistolas se habría detectado hace algunas semanas, lo que puso bajo la lupa de la Dirección de Control de Gestión a quienes estuvieron a cargo de la custodia y entrega de materiales en la División Armamento. El anterior jefe de dicha oficina, quien había dejado el puesto tras los ascensos de marzo de este año, se desempeña actualmente en el área de Obras de la Policía de San Juan.
Aunque todavía no hay acusaciones ni imputaciones formales, en los pasillos de la Central de Policía ya resuenan con fuerza los nombres de quienes tuvieron la responsabilidad de recepcionar las Bersa 9 mm en 2022. Como primera medida preventiva ante la investigación, la Jefatura dispuso que la División Armamento quede ahora bajo la conducción del subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña, secundado por el oficial principal Héctor Jesús Quiroga Elizondo, al tiempo que se ordenó el traslado inmediato a comisarías de departamentos cordilleranos de gran parte del personal subalterno que se desempeñaba en la oficina bajo sospecha.
