El fiscal de la UFI Delitos Especiales confirmó que el megaoperativo nacional se originó tras el secuestro de una pistola inscrita a nombre de la fuerza provincial en el norte del país. Hay tres efectivos sanjuaninos detenidos y se sospecha de una red de provisión ilegal al narcotráfico.
Lo que inicialmente parecía una investigación interna por irregularidades administrativas en los depósitos de armamento de la Central de Policía terminó detonando un escándalo de escala federal que salpica de lleno a la Policía de San Juan. En las últimas horas, se confirmó de manera oficial que la causa judicial se originó luego de que un operativo contra el narcotráfico en la provincia de Salta culminara con el secuestro de una pistola reglamentaria que figuraba registrada oficialmente en los patrimonios de la fuerza de seguridad sanjuanina.
El dato fue ratificado por las autoridades judiciales a cargo del caso, quienes coordinaron en simultáneo una serie de allanamientos masivos en diferentes domicilios y dependencias de la provincia para desarticular la presunta conexión local encargada de desviar armamento oficial hacia el mercado negro de organizaciones criminales.
Tres policías detenidos y la mira en la cadena de custodia
La Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales lleva adelante las pesquisas bajo un estricto hermetismo, aunque ya trascendieron las primeras medidas de peso:
- Efectivos tras las rejas: Hasta el momento, hay tres miembros activos de la Policía de San Juan detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Se investiga su grado de responsabilidad y el rol que ocupaban dentro de las dependencias donde se resguarda el armamento.
- Conexión interprovincial: El hallazgo de la pistola en Salta encendió las alarmas de la UFI, ya que expone un aceitado corredor clandestino de tráfico de armas que unía los depósitos policiales locales con las bandas narco operativas en la frontera norte del país.
- Inventario bajo la lupa: Los investigadores ordenaron peritajes urgentes y auditorías sobre los registros del armamento de la Central para determinar con exactitud cuántas piezas (pistolas, municiones y chalecos) faltan o fueron adulteradas en las planillas de stock.
La gravedad institucional del hecho mantiene en vilo a la cúpula de la Fuerza, mientras la Fiscalía avanza con las declaraciones indagatorias a los detenidos para esclarecer la ramificación del circuito ilegal de comercialización.
