Crecen las versiones que conectan una investigación interna de la fuerza provincial con un operativo de Gendarmería en la frontera con Bolivia, donde incautaron 8 pistolas Bersa nuevas. Hay hermetismo oficial, desvíos de personal y sospechas de contrabando.
Un manto de sospecha e intriga sacude las estructuras más profundas de la Policía de San Juan. En las últimas horas, comenzó a ganar una enorme fuerza la versión que vincula de forma directa la investigación interna por la presunta desaparición de unas 150 pistolas 9 mm del inventario oficial con un imponente operativo de seguridad federal realizado en la provincia de Salta, donde se incautó un lote de armas de fuego de idénticas características a las adquiridas por el Estado local.
A pesar del estricto silencio que mantienen las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad de la provincia, desde la Jefatura debieron reconocer de manera oficial la recepción de un exhorto y pedido de informes proveniente de una «provincia del norte» tras el hallazgo de una pistola Bersa registrada a nombre de la fuerza sanjuanina. Esta alarmante notificación judicial fue el detonante administrativo que obligó a abrir una auditoría interna de urgencia, aunque los trascendidos en los pasillos policiales indican que el secuestro real en el norte del país no fue de una sola arma, sino de un cargamento de 8 pistolas Bersa TPR9.
La ruta de la frontera: el operativo en Salvador Mazza
El procedimiento que desató el escándalo ocurrió el pasado 18 de abril sobre el kilómetro 1.484 de la Ruta Nacional 34, en la Sección Vial Caraparí, en el departamento salteño de Salvador Mazza. En esa estratégica zona fronteriza con Bolivia, usualmente explotada por el narcotráfico y el contrabando ilegal, personal del Escuadrón 61 de Gendarmería Nacional interceptó un automóvil con tres ocupantes.
Al requisar la unidad, los uniformados descubrieron un cargamento oculto: 8 pistolas Bersa TPR9 calibre 9 mm con sus numeraciones limadas, 16 cargadores vacíos y 3 teléfonos celulares. Por orden de la Fiscalía Federal de Tartagal, las armas y el vehículo fueron secuestrados y las tres personas quedaron inmediatamente detenidas. Si bien en un principio circuló el fuerte rumor de que los involucrados eran efectivos policiales de San Juan, esa hipótesis no cuenta hasta el momento con ningún sustento probatorio en el expediente salteño. Las armas incautadas eran completamente nuevas e incluso eran transportadas con sus estuches plásticos originales de fábrica.
Purga en Armamento y las hipótesis del faltante
Como respuesta inmediata al escándalo administrativo y en un intento por ordenar los inventarios oficiales, el jefe de la Policía de San Juan, Néstor Marcelo Álvarez, dispuso el traslado preventivo de siete efectivos que cumplían funciones clave dentro de la División Armamento. Los desplazados de sus puestos son:
- Suboficial Principal Mauricio Javier Ríos
- Cabo Primero Laura Verónica Aballay
- Cabo Primero Javier Darío Lucero
- Cabo Primero Martín Hernán Villalobos
- Cabo Carlos Andrés Chaves
- Cabo Franco Miguel Troncoso
- Cabo Franco Gabriel Tejada
Para intentar normalizar el área, la Jefatura designó al subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña al frente de la dependencia con la orden explícita de auditar minuciosamente un lote específico de 500 pistolas Bersa 9 mm compradas por la provincia en el año 2022 a la firma Punto de Impacto, enfocando las miradas en las series de fabricación identificadas con las letras M y N.
Por estas horas, la Subsecretaría de Control de Gestión maneja tres hipótesis principales sobre las inconsistencias del stock. La primera y más leve apunta a un grave desorden administrativo, evidenciado en que varios subcomisarios portan armas asignadas en los papeles a cabos subalternos. La segunda opción es que los elementos falten de los registros informáticos pero sigan guardados físicamente en sus cajas de fábrica. La tercera y más compleja evalúa un posible robo hormiga o desvío intencional del material bélico hacia el mercado negro, escenario que, de confirmarse técnicamente, obligará a las autoridades locales a radicar una denuncia penal en los tribunales ordinarios de la provincia.
