El convenio de exclusividad que mantiene la entidad bancaria con el Gobierno provincial vence en noviembre de 2027. Mientras la gestión de Marcelo Orrego aguarda una respuesta al pedido para refinanciar deudas de pymes y particulares, expertos y referentes debaten cómo encarar la próxima negociación.
A un año exacto de que caduque uno de los contratos más estratégicos del Estado sanjuanino, el futuro del agente financiero provincial vuelve a posicionarse en el centro del debate económico y político local. En noviembre de 2027 finalizará el convenio por el cual el Banco San Juan administra de forma exclusiva el pago de haberes del empleo público, el flujo del presupuesto oficial y la cartera de créditos vinculada.
La discusión adquiere una significación particular en el contexto actual, dado que el Gobierno de Marcelo Orrego aguarda desde hace semanas un guiño formal por parte de la entidad para implementar un plan de refinanciación destinado a pymes y particulares que cayeron en mora durante 2025.
El Estado como cliente y accionista
A diferencia de otras jurisdicciones, la provincia de San Juan posee el 16,78% del paquete accionario del Banco San Juan, el cual a su vez controla el capital del Banco de Santa Cruz, el Nuevo Banco de Santa Fe y el Nuevo Banco de Entre Ríos. Esta participación societaria le otorgó a la Provincia en uno de sus últimos repartos de utilidades una suma cercana a los 35 millones de dólares para destinar a obra pública, además del derecho a designar un director titular (actualmente Lino Signorato) y un síndico (el abogado Jorge Alvo Varela).
De cara al fin del contrato en 2027, las fuentes especializadas vislumbran tres posibles caminos:
- Renovación automática por lógica económica: Continuar con la entidad considerando que reemplazarla significaría perder el retorno de ganancias que vuelve a las arcas provinciales vía dividendos.
- No renovar o cambiar de entidad: Postura sugerida por el exgobernador Jorge Escobar, quien sostiene que la administración de los haberes estatales representa el mayor poder de negociación para exigir mejores condiciones al mercado financiero.
- Renovación bajo nuevas exigencias productivas: Mantener la relación contractual pero imponiendo condiciones más estrictas en favor del crédito productivo, pymes y facilidades de pago para deudores morosos.
