La administración de Ricardo Quintela puso nuevamente en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) para asistir a 80.000 trabajadores estatales, jubilados policiales y contratados. Cada beneficiario recibirá una suma extraordinaria de 50.000 Chachos (con paridad uno a uno con el peso), con vigencia hasta el 29 de diciembre en más de 800 comercios adheridos, pago de impuestos y servicios públicos.
El Gobierno de La Rioja oficializó el relanzamiento de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como «Chachos». La medida inyectará una masa financiera equivalente a $4.000 millones en el mercado local y alcanzará de forma directa a unas 80.000 personas, entre empleados de planta, contratados de la administración pública, jubilados de la Policía provincial y beneficiarios de programas sociales.
El ministro de Hacienda riojano, Fabián Blanco, ratificó que el pago consistirá en una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos por beneficiario (con una equivalencia nominal de uno a uno respecto al peso argentino). Según explicó el funcionario, el objetivo es doble: recomponer el poder adquisitivo de los estatales y dinamizar las ventas del sector comercial minorista, evaluando su posible continuidad de acuerdo a la evolución fiscal provincial.
Alcance comercial, vencimiento y el contexto de emisión
Los bonos tendrán vigencia hasta el 29 de diciembre próximo y podrán utilizarse en una red de más de 800 comercios adheridos de la provincia (con consultas de adhesión desde localidades limítrofes de Córdoba), además de aplicarse a la cancelación de impuestos provinciales, tasas municipales y tarifas de servicios esenciales provistos por empresas públicas. Para quienes los conserven hasta su fecha límite, se prevé un reconocimiento de interés del 1%, aunque desde el Ejecutivo riojano insistieron en que la meta principal es fomentar el consumo inmediato.
Los «Chachos» representan la primera cuasimoneda provincial emitida en el país desde la crisis socioeconómica de 2001, tras la autorización legislativa sancionada a comienzos de 2024. Su reedición se da en un escenario financiero particular, en el que La Rioja se mantiene como la única jurisdicción del país en cesación de pagos con acreedores internacionales por su deuda externa, apelando a esta herramienta monetaria propia para paliar la falta de liquidez en su economía regional.
