La Cámara de Diputados ratificó el convenio con la empresa minera por 27 votos a favor y 9 en contra. La provincia percibirá un aporte no reembolsable de US$ 250 millones destinado a infraestructura clave. Hubo votos divididos en el peronismo local.
En el marco de una sesión especial de alto voltaje político, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó el convenio marco firmado entre el Poder Ejecutivo provincial y la empresa Vicuña Argentina S.A.. La ratificación habilita el ingreso de un aporte extraordinario de 250 millones de dólares para el financiamiento directo de obras viales, hídricas y de infraestructura en toda la provincia.
La votación arrojó un resultado de 27 voluntades afirmativas frente a 9 negativas. El oficialismo conducido por Marcelo Orrego logró consolidar una amplia mayoría gracias al respaldo de sus bloques aliados y el acompañamiento estratégico de sectores de la oposición vinculados a los departamentos mineros y el ámbito gremial.
Quiebre opositor, fondos millonarios y fideicomiso de obras
El tratamiento legislativo dejó marcadas definiciones en el recinto:
- Aporte histórico sin deuda: El convenio establece una inyección de US$ 250 millones con carácter único, no reembolsable y no compensable, permitiendo a la provincia fondear infraestructura sin comprometer recursos futuros ni tomar endeudamiento externo.
- Fideicomiso y regalías: Además del monto inicial, se ratificó la creación de un fideicomiso financiado con el 1,5% sobre la facturación bruta del proyecto minero para continuar ejecutando obras públicas, preservando el cobro del 3% de regalías mineras provinciales.
- Disparidad en la bancada peronista: Mientras la conducción del Bloque Justicialista votó en contra objetando plazos de análisis y cláusulas de control, legisladores vinculados al peronismo como el jachallero Miguel Vega y el dirigente de la UOCRA Eduardo Cabello votaron a favor de la iniciativa.
- Licitaciones transparentes: Las obras a ejecutar bajo este fondo serán licitadas bajo el régimen de Obras Públicas de San Juan, con auditoría y supervisión a cargo del Tribunal de Cuentas y el Banco San Juan como fiduciario.
