Este jueves se desarrolla la audiencia de control de acusación contra los cabos Alejandro Meza y Andrés Bernal por el ataque armado contra Agustín López, ocurrido en marzo de 2025. La Fiscalía de Delitos Especiales buscará elevar formalmente la causa a debate oral tras recopilar testimonios clave y peritajes que complican a los uniformados.
Los dos efectivos de la Policía de San Juan imputados por dispararle por la espalda a un joven de 20 años en el departamento Chimbas quedaron a las puertas de enfrentar un juicio oral y público. Durante la jornada de este jueves se lleva a cabo la audiencia de control de acusación, una etapa procesal determinante donde la Fiscalía expone formalmente las pruebas, testimonios y la acusación definitiva contra los imputados.
Los uniformados investigados son los cabos Alejandro Meza y Andrés Bernal, pertenecientes a la Unidad Operativa Motorizada N°1. Ambos fueron investigados por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, bajo las directivas del fiscal Nicolás Schiattino, a raíz de la grave agresión sufrida por el damnificado, identificado como Agustín López, en marzo de 2025.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el episodio se desencadenó cuando López circulaba a bordo de su motocicleta de regreso desde la casa de su pareja. Al transitar por la intersección de Ruta Nacional 40 y calle Benavídez, el joven sintió un violento impacto en la zona dorsal; al girar sobre el rodado para observar qué ocurría, divisó a dos motoristas policiales que lo seguían a corta distancia y constató de inmediato que se encontraba gravemente herido y cubierto de sangre.
En medio de la desesperación, la víctima se refugió en una estación de servicio YPF de la zona para solicitar auxilio médico. Según consta en el expediente, los efectivos que lo perseguían continuaron su marcha sin prestarle ningún tipo de asistencia. Desde una garita policial ubicada en el predio de la estación de servicio se emitió la alerta radial para coordinar la atención del herido.
La situación sumó un capítulo de mayor tensión minutos después cuando los uniformados se presentaron en la vivienda particular de López, donde agredieron físicamente a un familiar del joven e intentaron incautar la moto alegando sospechas de que se trataba de un rodado sustraído. Tras el descargo familiar en sede de la Comisaría 17ª —donde inicialmente se habría justificado la agresión como una «confusión»—, la víctima radicó la denuncia penal correspondiente. La declaración de un testigo presencial y los peritajes balísticos resultaron determinantes para cercar a los acusados y habilitar la elevación del expediente a los tribunales.
