La aprobación del acuerdo entre la Provincia y el proyecto minero Vicuña encendió un intenso debate en la Cámara de Diputados. Mientras desde la oposición advierten por la cesión de obligaciones ambientales, la vigencia a 70 años y la jurisdicción arbitral, el oficialismo sostiene que el esquema aporta seguridad jurídica y acelera obras clave de infraestructura.
La ratificación legislativa del convenio de inversión minera con Vicuña dejó marcadas posturas respecto al impacto institucional y económico para San Juan. La diputada Marisa López planteó que el texto exime a la empresa de compromisos previos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 2022, reduce exigencias de contratación local (que antes fijaban un 80% de mano de obra y 60% de proveedores sanjuaninos) y extiende la estabilidad de aportes durante toda la vida útil de la mina por hasta 71 años sin posibilidad de ajustes tributarios. Asimismo, cuestionó que los USD 250 millones prometidos se liberen recién contra certificados de obra y que los litigios se resuelvan por arbitraje internacional.
Seguridad jurídica y fondos administrados por fideicomiso
En respuesta a los cuestionamientos, el diputado oficialista Juan de la Cruz Córdoba aseguró en el programa Ecosistema Minero de Radio Colón que el convenio aporta previsibilidad para atraer inversiones de largo plazo. Córdoba remarcó que las exigencias ambientales de la DIA 2022 continúan vigentes, negó que exista cesión de soberanía al aclarar que el tribunal arbitral funcionará en San Juan y defendió que los recursos no ingresen a rentas generales, sino a un fideicomiso gestionado por el Banco San Juan para garantizar la reactivación de obras como la Ruta 40 Norte.
