Una investigación periodística reconstruyó cómo operaba la cuenta de Facebook «Sergio S Sánchez», vinculada a Matías Arce, para captar vehículos y ofrecer supuestos lotes en Santa Lucía. El denunciante asegura que el mecanismo incluyó pagarés certificados ante escribano y que hay más de una decena de damnificados.
El caso por una presunta estafa millonaria en la compraventa de vehículos en San Juan sumó nuevos elementos a partir de la reconstrucción digital de los perfiles utilizados en redes sociales. De acuerdo con una investigación basada en la denuncia penal radicada por el sanjuanino Gonzalo Parada ante la Fiscalía, los sospechosos señalados como José Gabriel Romero y Matías Arce habrían desplegado un esquema organizado mediante identidades ficticias en Facebook y Marketplace para captar operaciones comerciales.
El punto central de la maniobra recae en la cuenta de Facebook a nombre de «Sergio S Sánchez», un perfil que ofrecía camionetas Volkswagen Amarok, autos Peugeot, Fiat y hasta un supuesto lote de 800 metros cuadrados en un barrio privado de Santa Lucía con entrega de $12 millones sin dirección precisa. Sin embargo, un descuido en la URL de dicho perfil dejó al descubierto el nombre real de Matías Arce. Según la denuncia, a través de este canal se contactaron el 1 de junio para adquirir un Toyota Corolla valuado en $11,5 millones: entregaron un adelanto de $3 millones y un pagaré certificado ante escribano por $8,5 millones con vencimiento al 30 de julio que nunca se abonó, mientras que el vehículo fue transferido y revendido rápidamente a un tercero con el formulario 08 firmado.





Tras hacer público su reclamo en redes sociales, Parada afirmó que ya se contactaron con él más de diez damnificados que relatan maniobras idénticas con cheques sin fondos, pagarés impagos y retención de rodados. La Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas ya cuenta con las pruebas documentales aportadas boletos de compraventa, pagarés certificados, cartas documento y capturas de chats para determinar la responsabilidad penal y la posible unificación de los expedientes en trámite.







