En diálogo con Radio Colón, el exedil explicó el estado de la demanda civil y penal unificada contra el jefe comunal por calumnias e injurias, luego de que este lo acusara públicamente de supuestos hechos de corrupción. Además, repasó las causas por desvío de fondos en combustible, el uso de maquinaria estatal en terrenos privados y apuntó contra el manejo del loteo «Techo Seguro».
El conflicto institucional y judicial en el departamento Angaco sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del exconcejal José Risueño en el aire de Radio Colón. El exfuncionario municipal brindó detalles sobre la marcha de la querella penal y el reclamo por daños y perjuicios que inició contra el actual intendente, José Castro, a raíz de una serie de acusaciones mediáticas vertidas por el mandatario comunal a fines de abril, en las que intentó vincularlo con maniobras irregulares en la tesorería municipal durante el período 2017-2019.
Risueño remarcó que durante esos años se desempeñaba como concejal y presidente del cuerpo deliberativo —en uso de licencia sin goce de haberes en su cargo de planta—, por lo que era administrativamente imposible que ejerciera funciones en el área contable del Ejecutivo. Ante esto, intimó a Castro a retractarse públicamente en conferencia de prensa y fijó un resarcimiento económico. Según detalló, tras la audiencia del pasado 19 de agosto, la defensa del intendente intentó plantear una «contrademanda» dentro del mismo expediente sin aportar pruebas de descargo, maniobra que fue rechazada formalmente por improcedente a la espera de que el juez de la causa fije fecha de juicio oral.
En paralelo a la causa por difamación, el exconcejal recordó las denuncias penales por presunta corrupción que impulsó por unanimidad el Concejo Deliberante durante su mandato. Entre ellas, destacó la causa por el presunto pago irregular de 200.000 litros anuales de combustible (equivalentes a más de 500 millones de pesos a valores actuales), cuyo jefe de compras de aquel entonces, Alberto de los Ríos, es el actual presidente del Concejo Deliberante; y la utilización de maquinarias y operarios municipales en un loteo privado en Chimbas, hecho por el cual un maquinista que declaró como testigo terminó siendo sumariado y despedido del municipio.
Finalmente, Risueño cuestionó con dureza la gestión habitacional y de obras públicas en el departamento, haciendo foco en el programa «Techo Seguro», donde se entregaron 295 posesiones precarias de lotes sin urbanización básica (agua, veredas ni cloacas), mientras se intenta exigir a los vecinos el pago de 2,5 millones de pesos por frentista para completar los servicios. «Las únicas obras reales que avanzan en Angaco, como la pavimentación de calle San Juan, las viviendas y la finalización del Hospital Rizo Esparza, se están ejecutando con fondos directos del gobernador Marcelo Orrego, mientras el municipio gasta sus recursos en sostener una planta política de más de 50 funcionarios», sentenció.
