A partir de gestiones de la embajada del régimen de Xi Jinping en Buenos Aires, se canceló un foro sobre totalitarismos en la Legislatura porteña donde expondría el referente uigur Dolkun Isa. El caso se suma a la reciente sanción de la ley de «Unidad Étnica», una normativa que busca perseguir a las comunidades disidentes en el exterior.
La influencia y los mecanismos de silenciamiento de la República Popular China volvieron a quedar en el centro del debate internacional tras registrarse episodios de censura política y presión diplomática en territorio argentino. En los últimos días, la embajada de Beijing en Buenos Aires solicitó formalmente a la Cancillería y a las autoridades correspondientes evitar la realización de una conferencia en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde se debatirían problemáticas vinculadas a los derechos humanos y regímenes totalitarios.
El evento, titulado “El Sistema Internacional de Derechos Humanos bajo presión: ¿reforma, resistencia o colapso?” y organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), debió trasladar su sede luego de que se atendiera la objeción diplomática del embajador chino Wang Wei. La incomodidad del Partido Comunista Chino (PCC) radicaba en la presencia de Dolkun Isa, referente internacional de la minoría uigur en el exilio y expresidente del Congreso Mundial Uigur, quien ya había sufrido una expulsión similar en Marruecos semanas atrás ante presiones directas de Beijing.
Este patrón de persecución transnacional coincide con la reciente aprobación en China de la controvertida Ley de Unidad Étnica. Organizaciones de derechos humanos advierten que esta legislación consolida la asimilación forzada en la región de Sinkiang (imponiendo el mandarín y la ideología oficial en escuelas y cultos religiosos) y busca atribuir responsabilidades penales extraterritoriales a activistas disidentes de la diáspora. Múltiples informes de la ONU y parlamentos occidentales han calificado el internamiento masivo, el trabajo forzado y la represión a más de un millón de uigures como crímenes de lesa humanidad y genocidio cultural.
