La disputa entre la cooperativa vitivinícola y la firma Iberte escala a niveles críticos tras la presentación de una demanda millonaria en la justicia mendocina. El conflicto, que tiene a San Juan como escenario secundario pero afectado, pone en jaque la estabilidad de una alianza comercial histórica.
Lo que comenzó como una sociedad estratégica para la exportación de vinos y mostos se ha transformado en una de las batallas judiciales más costosas y encarnizadas de la región Cuyo. El grupo Iberte, liderado por el polémico empresario Juan José Retamero —quien recientemente adquirió la mina sanjuanina Gualcamayo—, ha formalizado una demanda contra la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) por una suma que asciende a los 30 millones de dólares.
La base del reclamo se centra en presuntos incumplimientos contractuales y deudas acumuladas tras la disolución de la sociedad Evisa, la firma exportadora que ambas entidades integraban. Mientras que desde el entorno de Iberte alegan una falta sistemática de pagos y desvío de fondos, desde la conducción de Fecovita rechazan categóricamente las acusaciones, calificándolas de una maniobra de «hostigamiento financiero» que busca desestabilizar a la cooperativa.
Un conflicto con réplicas en San Juan
Aunque el epicentro judicial se encuentra en Mendoza, la tensión se siente con fuerza en San Juan. La figura de Retamero ha cobrado una relevancia inusitada en la provincia tras la compra del yacimiento minero en Jáchal, lo que vincula indirectamente la suerte de sus inversiones extractivas con el resultado de este litigio vitivinícola.
Por otro lado, cientos de productores sanjuaninos asociados a las cooperativas que integran Fecovita observan con lógica preocupación el avance de la causa. Una sentencia desfavorable de tal magnitud o el bloqueo de cuentas judiciales podría comprometer la cadena de pagos en plena etapa de comercialización de la cosecha actual.
Cruce de estrategias legales
La guerra de presentaciones judiciales ha incluido pedidos de quiebra —previamente rechazados por la justicia— y denuncias penales cruzadas.
- La postura de Iberte: Sostienen que Fecovita no ha rendido cuentas claras sobre los saldos exportables y exigen la restitución inmediata del capital invertido más intereses por daños y perjuicios.
- La defensa de Fecovita: Argumentan que Iberte intenta forzar una situación de insolvencia inexistente y que la deuda reclamada es fruto de una interpretación arbitraria de los balances de la sociedad compartida.
En este escenario de alta volatilidad, la resolución del conflicto parece lejana. Lo que queda claro es que la «paz social» entre el gigante cooperativo y el holding inversor se ha quebrado definitivamente, dejando a la economía regional a la espera de un fallo que sentará un precedente clave para las inversiones extranjeras en el sector agroindustrial.
