Luego del mensaje emitido por cadena nacional, el Gobierno nacional formalizó dos decretos presidenciales destinados a robustecer la estrategia del Estado sobre el Atlántico Sur y endurecer la postura frente a la explotación no autorizada de recursos naturales en torno a las Islas Malvinas.
A través del DNU 867/2026, el Poder Ejecutivo modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para dotar de mayores partidas presupuestarias a las áreas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. La medida apunta a garantizar servicios esenciales y afianzar la presencia logística y de vigilancia en la región austral.
En simultáneo, mediante el Decreto 868/2026, la administración central designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Con esta herramienta, Cancillería queda facultada para instruir sumarios y aplicar sanciones directas contra compañías que desarrollen o financien tareas de exploración o explotación hidrocarburífera sin habilitación argentina en la plataforma continental, poniendo especial atención en el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvina Norte. El esquema fija plazos de cinco días para que organismos reporten presuntas infracciones y diez días para los descargos de las empresas, sumando además nuevas exigencias cruzadas con el régimen del RIGI.
Estas disposiciones se articulan con el paquete legislativo de seguridad nacional que el Ejecutivo enviará al Congreso, el cual incluye la creación del Consejo de Seguridad Nacional, marcos para la custodia de infraestructuras críticas y la reactivación del plan para la Base Naval Integrada en Ushuaia.
