La causa que investiga al penitenciario Alejandro «Tati» Jofré por desplegar un esquema piramidal de falsas inversiones contra sus propios camaradas del Servicio Penitenciario Provincial se encamina a un desenlace que despierta fuerte indignación. La defensa del acusado, a cargo de Filomena Noriega, negocia con la UFI Delitos Informáticos y Estafas —encabezada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco— un juicio abreviado con cumplimiento de pena de prisión efectiva, pero sin contemplar un resarcimiento económico que permita a los 52 damnificados recuperar los más de $226.750.000 sustraídos.
Jofré, quien permanece privado de su libertad desde septiembre de 2025, captaba fondos bajo la promesa de exorbitantes ganancias derivadas del comercio de harina, aceite, materiales de construcción y préstamos informales. Al inicio entregaba pequeños montos para afianzar la confianza de sus colegas, hasta que los desembolsos se interrumpieron definitivamente. En junio pasado, tras una nueva denuncia por $4 millones, la imputación se extendió en calidad de partícipes necesarios a su padre, Américo Jofré, y a su expareja, Gabriela del Rocío González, debido al desvío de dinero hacia cuentas bancarias personales.
De homologarse este acuerdo judicial, el caso replicará el amargo antecedente de la megaestafa de la concesionaria Branka Motors, donde los responsables fueron condenados a cinco años de cárcel pero las 365 víctimas no recuperaron los $573 millones defraudados, dejando a los afectados únicamente la extensa y compleja vía civil para intentar cobrar sus pérdidas.
