Una inédita maniobra delictiva en el ámbito universitario concluyó con una condena penal en la Justicia Federal. Marcela Ivana Díaz, una empleada no docente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), admitió su culpabilidad mediante un juicio abreviado y recibió la pena de un año de prisión en suspenso por el delito de falsificación y uso de documento público. La resolución fue homologada por la jueza Eliana Rattá, integrante del Tribunal Oral Federal de la provincia.
La causa se originó en abril de 2017, durante la convocatoria a un concurso interno cerrado en la Facultad de Ciencias Sociales para cubrir el cargo de Director Administrativo (categoría 02, planta permanente). A la instancia de selección se presentaron únicamente dos postulantes: Marcela Díaz y su compañera Alicia Del Carmen Vera. Fue precisamente Vera quien, al examinar detalladamente el legajo y los antecedentes de su rival, detectó graves anomalías e impugnó las constancias académicas presentadas, dando pie a una denuncia formal por parte de Asuntos Legales de la universidad.
La instrucción liderada por el fiscal federal Francisco Maldonado, junto a peritajes caligráficos efectuados por la Agrupación X San Juan de Gendarmería Nacional, corroboró que Díaz había confeccionado y firmado con su propio puño y letra los documentos apócrifos. La imputada adulteró las rúbricas de figuras destacadas de la institución, entre ellos el decano Raúl García, además de exsecretarios y directores como Ricardo Coca, Nora Goransky, Alfredo Rossi, Miguel Cortés, Alicia Avellaneda, Jorge Gutiérrez y Eduardo Vargas, quienes negaron terminantemente haber firmado los avales.
El ardid quedó aún más expuesto por burdas contradicciones temporales y funcionales: la empleada llegó a declarar 300 horas de cursos en un solo año, presentó certificados de supuestos talleres realizados casi una década atrás pero emitidos sugestivamente al momento del certamen, e incluyó capacitaciones reservadas exclusivamente para docentes e investigadores. Paradójicamente, la acusada ya alcanzaba el puntaje necesario para competir, pero su afán por sobrecalificarse de manera ilícita terminó costándole una condena judicial en los tribunales federales.
(Fuente: Tiempo de San Juan)
