El escrito localizado en los sanitarios de la escuela Carlos María de Alvear, en Villa San Damián, activó de urgencia los protocolos estatales de protección integral y derivó en la intervención de la Justicia y del Ministerio de Educación. La cartera educativa realiza un abordaje interdisciplinario mientras se dispusieron medidas periciales y de contención en Cámara Gesell bajo estricta reserva.
Un hecho de extrema delicadeza movilizó durante las últimas horas a las autoridades educativas y judiciales de la provincia de San Juan, tras el hallazgo de una serie de mensajes manuscritos en las instalaciones sanitarias de la escuela Carlos María de Alvear, emplazada en Villa San Damián, departamento Rawson.
La situación cobró inmediata trascendencia institucional cuando los directivos del establecimiento tomaron conocimiento de un texto en el que una alumna manifestaba estar cursando una gestación y solicitaba ayuda urgente, señalando como presunto responsable a un integrante de su entorno intrafamiliar. Frente a este cuadro, el cuerpo directivo activó de forma inmediata los canales y protocolos establecidos para la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Desde el Ministerio de Educación confirmaron la intervención en el caso, señalando que la denuncia se encuentra sujeta a una rigurosa investigación preliminar orientada a constatar la veracidad del contenido. Al respecto, la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, se refirió al abordaje en marcha: «Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas. Es una escuela que tiene contención de los gabinetes zonales y los aledaños, donde trabajamos para abordar no solamente a los compañeros sino también a los estudiantes que están ahí».
En el plano judicial, los magistrados y fiscales intervinientes ordenaron que la menor presuntamente involucrada sea escuchada mediante el dispositivo de Cámara Gesell, garantizando un entorno idóneo, seguro y asistido por profesionales de la psicología forense. Las autoridades mantienen el expediente bajo estricto secreto de sumario y reserva de identidad, priorizando el resguardo físico, psicológico y los derechos fundamentales de la infancia mientras avanzan las pesquisas para determinar la existencia de una situación de vulnerabilidad o riesgo inminente.
