Una decisión institucional desató una profunda controversia e indignación en la comunidad sanjuanina y complicó el inicio de una causa penal de máxima gravedad: las autoridades del Colegio Carlos María de Alvear, en Rawson, ordenaron limpiar y borrar la inscripción que una presunta alumna de 10 años había dejado en uno de los sanitarios pidiendo auxilio tras quedar embarazada producto de un abuso intrafamiliar. La medida eliminó la evidencia física original antes de que los peritos policiales y judiciales pudieran preservarla o levantar rastros caligráficos.
El escrito sobre la pared constituía la pieza probatoria medular para avanzar de manera científica sobre el caso: el trazo original permitía realizar peritajes caligráficos directos, determinar con exactitud el tipo de material utilizado, buscar posibles huellas dactilares y proyectar la fuerza y motricidad de quien empuñó el marcador o lápiz para saber si correspondía fehacientemente a una niña de esa edad o a un adulto. Al ser borrado por órdenes directas del gabinete escolar, la Justicia perdió la posibilidad de cotejar la prueba física in situ, un elemento que resultaba determinante tanto para la etapa de instrucción como para sustentar la acusación en un futuro juicio oral.
Frente a la alteración del lugar, la UFI ANIVI y el Ministerio Público Fiscal —que tuvieron que actuar de oficio tras la viralización de una foto— se quedaron únicamente con capturas digitales secundarias y debieron acudir de urgencia a las cámaras de seguridad de pasillos y accesos adyacentes para intentar reconstruir quiénes entraron a los sanitarios en esa ventana horaria. En paralelo a los testimonios tomados a directivos y docentes sobre por qué no preservaron la escena, la investigación avanza contra reloj para dilucidar si detrás de la pintada eliminada hay una menor en peligro que necesita asistencia inmediata o cuál fue el trasfondo de un mensaje que encendió todas las alarmas en la comunidad educativa.
