El Poder Ejecutivo Nacional elevó a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un ambicioso paquete normativo que busca agravar de manera contundente las sanciones civiles, comerciales y penales contra aquellas empresas o personas que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. La medida surge como respuesta directa al avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas del archipiélago y lleva las firmas del presidente Javier Milei y de su gabinete de ministros.
La iniciativa deroga la Ley 26.659 de 2011 para extender la prohibición no solo a los hidrocarburos, sino a cualquier tipo de recurso renovable o no renovable explotado de forma ilegal. En materia punitiva, se fijan penas de 12 a 20 años de prisión para la extracción o transporte no autorizado, multas económicas que pueden escalar hasta el equivalente a 3 millones de barriles de crudo e inhabilitaciones comerciales para operar en el país de hasta dos décadas. Las sanciones alcanzarán además a proveedores directos que faciliten insumos esenciales a dichas actividades y facultará al Estado a rescindir contratos, revocar licencias y ordenar la disolución judicial de las compañías infractoras.
Asimismo, el proyecto trasciende el conflicto del Atlántico Sur e impulsa la creación de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo que presidirá el propio Milei junto a sus ministros clave y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Este organismo tendrá bajo su órbita la protección de infraestructuras críticas, protocolos de interceptación ante buques o aeronaves hostiles, sanciones económicas a entidades que atenten contra la integridad del país y la prohibición expresa de financiamiento extranjero en campañas electorales locales, junto con la persecución penal de operaciones clandestinas de desinformación.
