La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley conocido como «Inocencia Fiscal II», una reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei que actualiza y corrige los vacíos legales del régimen vigente desde diciembre. El objetivo central de la normativa apunta a otorgar mayores garantías jurídicas a los contribuyentes para que exterioricen sus ahorros no declarados y dinamicen el mercado de capitales, en un contexto donde estimaciones oficiales calculan que los argentinos mantienen unos USD 170.000 millones por fuera del circuito financiero formal.
La revisión del texto original surgió a partir de insistentes advertencias de colegios de contadores y especialistas tributarios hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, señalando que la redacción anterior ahuyentaba la regularización por temor a sanciones arbitrarias de ARCA (ex AFIP). Tras su paso por la Cámara de Diputados, la Cámara alta convirtió en ley una iniciativa que redefine el concepto de «discrepancia significativa», acota el uso de presunciones fiscales hasta el 31 de diciembre de 2027 y traslada de forma exclusiva al organismo recaudador la carga probatoria para impugnar los beneficios.
Entre los puntos más destacados por los tributaristas se incluye la posibilidad de rectificar declaraciones juradas y saldar pagos en un plazo de 15 días hábiles ante notificaciones de oficio sin perder el amparo de la ley, además de una ficción legal clave para el Impuesto sobre los Bienes Personales: los fondos exteriorizados se considerarán incorporados al patrimonio el día exacto de la operación, impidiendo que el fisco aplique reclamos retroactivos sobre períodos anteriores. La medida aguarda ahora su reglamentación oficial para comenzar a regir.
