Una mujer de 76 años, domiciliada en el departamento Rivadavia, fue víctima de una sofisticada maniobra de estafa telefónica y virtual tras caer en el engaño de falsos gestores que se hicieron pasar por personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Bajo la promesa de acceder a una bonificación especial para adultos mayores y a un presunto reintegro de dinero, la damnificada fue inducida a realizar transferencias bancarias por un monto total de $539.000 desde su propia cuenta digital.
El hecho se inició con un llamado telefónico en el que una mujer se presentó falsamente como agente comercial de la empresa estatal prestadora del servicio de agua. Durante la comunicación, la embaucadora le ofreció un supuesto descuento del 50% en las boletas de luz, gas y agua destinado a jubilados. Para consolidar el ardid, le aseguró a la víctima que el beneficio ya se encontraba formalmente activo y que, de manera adicional, le correspondía una devolución económica retroactiva por pagos efectuados durante el corriente año 2026.
Engaño guiado por WhatsApp y vaciamiento de la cuenta
Para hacer efectivo el inexistente reintegro, la farsante le indicó que abriera la aplicación de la billetera virtual Naranja X en su teléfono celular, comenzando a dictarle paso a paso los movimientos que debía realizar bajo el pretexto de validar la acreditación.
Minutos más tarde, la víctima recibió una segunda comunicación, esta vez mediante mensajes y llamadas por WhatsApp, donde continuaron las directivas fraudulentas. Confiada en que seguía las instrucciones de un trámite oficial, la jubilada terminó ejecutando dos transferencias electrónicas sin percatarse del engaño: una primera operación por $100.000 y una segunda por $439.000.
Ambos envíos de dinero impactaron en una cuenta virtual radicada a nombre de un hombre desconocido para la damnificada, quien al constatar el descuento de su saldo descubrió que había sido despojada de sus ahorros.
Intervención de la UFI Delitos Informáticos
Tras la radicación formal de la denuncia en sede policial, el expediente quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Estafas y Delitos Informáticos. Los pesquisas del Ministerio Público Fiscal y de la división policial especializada analizan el historial de llamadas, las direcciones IP de conexión y el registro del titular de la cuenta bancaria receptora del dinero para dar con los autores materiales del hecho.
Ante esta situación, las autoridades provinciales y empresas de servicios públicos recordaron a la comunidad que ninguna entidad estatal solicita datos de acceso, claves de seguridad bancarias ni exige realizar transferencias previas para validar subsidios o beneficios tarifarios a través de WhatsApp o llamadas telefónicas.
