El ingeniero y consultor analizó en Radio Colón las reformas impositivas, energéticas y viales indispensables para concretar los megaproyectos de cobre en San Juan. Advirtió sobre los límites de competitividad frente a potencias como Chile, el Congo y Zambia, rechazó los cupos de contratación forzados por ley y demandó auditorías urgentes sobre el destino de los fondos fiduciarios históricos.
El potencial cuprífero que reúnen yacimientos sanjuaninos como Los Azules, Pachón y Josemaría ubica a la provincia ante una oportunidad histórica, pero requiere condiciones reales de competitividad y previsibilidad jurídica a largo plazo. En una extensa entrevista concedida al programa Ecosistema Minero de Radio Colón, el ingeniero Mario Capello subrayó que la discusión central debe enfocarse en cómo materializar el arribo de las inversiones extranjeras, recordando que un solo proyecto a gran escala puede demandar desembolsos previos de hasta USD 9.000 millones antes de extraer la primera tonelada de mineral. Para el especialista, sostener exigencias fiscales rígidas o pretender imponer condiciones locales antes de que los capitales se radiquen pone en riesgo la viabilidad de la industria frente a otros distritos globales que lideran la oferta mundial, como Chile (con La Escondida produciendo 1,2 millones de toneladas anuales), la República Democrática del Congo (que ya supera los 3 millones de toneladas) o Zambia (con metas de 2,3 millones de toneladas hacia 2033).
Reformas tributarias, regalías móviles e infraestructura crítica
Para impulsar la competitividad, Capello planteó dos modificaciones impositivas estructurales: eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos para la cadena de proveedores locales de bienes y servicios, e implementar un sistema de regalías móviles y progresivas atadas a la cotización internacional del cobre. «Si la empresa gana mucho, que pague más; si gana poco o el precio cae a niveles críticos, que pague menos regalías para asegurar los costos de operación, que en el cobre representan hasta el 81% del valor exportado, tal como lo demostró la experiencia chilena entre 2010 y 2021. Al quitar Ingresos Brutos a los proveedores se los hace competitivos de inmediato, y la posterior reactivación económica termina recaudando mucho más para las arcas públicas», explicó. En contrapartida, cuestionó severamente los esquemas de Compre Local que fijan cupos obligatorios y porcentajes rígidos por ley, calificándolos de inconstitucionales y advirtiendo que encarecen los proyectos y desalientan a los consorcios financieros internacionales que fondean las obras.
Asimismo, remarcó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los esquemas de asociación público-privada representan la única herramienta viable para financiar la infraestructura que hoy estrangula a la provincia. Entre las prioridades, señaló el ensanche de cuellos de botella viales como la Quebrada de las Burras —en la conexión hacia Calingasta e Iglesia— y la construcción de líneas eléctricas de alta tensión para inyectar energía renovable solar que abastezca la demanda combinada de Pachón y Josemaría, equivalente a una vez y media el consumo total actual de San Juan.
Por último, el consultor reclamó transparencia a la dirigencia política y a la Justicia respecto a la administración de los recursos mineros pasados. Recordó que el yacimiento Veladero generó en dos décadas más de USD 170 millones en regalías y otros USD 130 millones a través de fondos fiduciarios destinados al desarrollo del departamento Iglesia, totalizando cerca de USD 300 millones que no se tradujeron en la infraestructura hídrica, agrícola y productiva que estipulaba la normativa original. Ante este balance, exigió la intervención de oficio de jueces y fiscales y la realización de auditorías contables para rendir cuentas ante los sanjuaninos antes de iniciar un nuevo ciclo expansivo en la provincia.
