El ingreso formal a la Cámara de Diputados del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para rematar los vehículos radiados de circulación en operativos de tránsito generó una fuerte repercusión pública. La propuesta busca descomprimir de manera definitiva el depósito judicial ubicado en el departamento 9 de Julio —que se encuentra al borde del colapso, con una ocupación de entre el 80% y el 85% de su capacidad total—, autorizando la subasta pública de las unidades en condiciones de rodar y la compactación del material en desuso para su venta como chatarra.
Ante los interrogantes surgidos en torno a los requisitos para participar y la posibilidad de maniobras especulativas, la ministra de Gobierno, Laura Palma, brindó precisiones sobre la futura reglamentación: «Si se aprueba la ley, hay que hacer el decreto reglamentario; se hace un análisis de qué vehículos están en condiciones de ser subastados, los otros siguen el proceso de compactación. El decreto va a fijar los requisitos, pero en principio cualquier persona humana o jurídica que tenga condición fiscal habilitada podría ser postor», explicó la funcionaria.
Descomprimir 9 de Julio y generar fondos sociales
La reforma a la Ley 1810-A responde no solo a la saturación física del predio, sino también a una advertencia ambiental de vieja data provocada por el derrame de fluidos, aceites y combustibles tras años de acopio a la intemperie. Mediante informes técnicos elaborados por la Secretaría de Seguridad:
- Separación de unidades: Se distinguirán los vehículos mecánicamente aptos de aquellos irrecuperables.
- Destino de lo recaudado: Los ingresos obtenidos por los remates y la venta de chatarra se afectarán por ley a partidas esenciales de salud, educación, infraestructura y asistencia social, con una rendición de cuentas anual obligatoria.
Encuesta ciudadana: qué piden los sanjuaninos
En paralelo, una consulta pública realizada a la ciudadanía con más de 1.700 votos reflejó las posturas sobre las condiciones de acceso a la puja:
- Mercado abierto y libre (54,38%): La mayoría absoluta se inclinó por permitir la participación abierta de cualquier particular o empresa para maximizar la recaudación estatal.
- Prioridad social (27,53%): Más de un cuarto de los participantes pidió dar ventaja o exclusividad a familias y trabajadores que no posean vehículo y busquen su primera movilidad.
- Filtro contra infractores (13,22%): Un grupo clave exigió prohibir expresamente la participación de los antiguos titulares de los autos para evitar que eludan deudas o multas históricas recomprando el rodado a precio vil.
- Impulso a PyMEs e instituciones (4,87%): Propusieron que se beneficie a cooperativas, entidades intermedias y pequeñas empresas locales.
