Tras conocerse la condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo impuesta a una mujer por explotar sexualmente a su propia hija en San Juan, salieron a la luz detalles estremecedores sobre el accionar de la imputada. En declaraciones públicas, el fiscal titular de la UFI ANIVI, Roberto Mallea, precisó el origen de la pesquisa penal y confirmó que la progenitora facilitaba el acceso de hombres a su vivienda para someter a la menor a cambio de estupefacientes y bienes de ínfimo valor económico.
Dos denuncias simultáneas y cuatro años de calvario
El derrotero judicial se activó el pasado 14 de enero, momento en que se radicaron dos denuncias paralelas en dependencias de la Justicia provincial:
- UFI CAVIG: ingresó la acusación por los maltratos físicos y las lesiones visibles que la mujer le propinaba a su hija en el ámbito hogareño.
- UFI ANIVI: la víctima, que hoy tiene 13 años pero cuyos padecimientos comenzaron cuando tenía apenas 9, relató durante la contención médica y pericial que su madre permitía la entrada de desconocidos al domicilio con fines sexuales.
“Lo hacía por droga y por cosas insignificantes”
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Mallea, la acusada no estructuró una red con réditos económicos significativos: «Lo hacía por droga y por cosas insignificantes», puntualizó sobre el mecanismo de entrega de la niña durante al menos cuatro años consecutivos.
Los informes médicos forenses determinaron que se trataron de abusos sexuales simples y que no se constató acceso carnal; no obstante, la médica legista certificó diversas heridas en el cuerpo de la niña, provocadas directamente por los castigos corporales propinados por su madre. Por este cuadro, la imputación definitiva comprendió los delitos de facilitación de la prostitución agravada por el vínculo y por la edad de la víctima, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo.
Investigan a los clientes y destino de la víctima
Mallea confirmó además que el expediente mantiene una línea de investigación abierta para individualizar a tres o cuatro hombres sospechados de haber concurrido al domicilio, cuya identificación formal aún no pudo completarse con los elementos reunidos hasta la fecha.
Respecto de la guarda y contención de la menor, intervino la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, disponiendo que quede transitoriamente bajo el cuidado de amigos cercanos de la familia, ante la ausencia absoluta de una figura paterna. La pena de 10 años de cárcel fue acordada en un juicio abreviado ratificado por la defensa y homologado por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón.
