En una de las medidas diplomáticas más firmes y contundentes de los últimos años sobre la Cuestión Malvinas, el Gobierno de Javier Milei intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo perentorio de dos semanas, suspenda de manera inmediata toda actividad de exploración o explotación hidrocarburífera vinculada al megaemprendimiento offshore Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
El Ejecutivo nacional advirtió que, en caso de que Londres no acate la intimación ni brinde una respuesta satisfactoria dentro de los 14 días corridos, la República Argentina activará de inmediato el procedimiento de arbitraje contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y solicitará medidas cautelares y provisionales urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo para frenar el saqueo de los recursos de la plataforma continental.
«Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras», sentenció el presidente Milei a través de sus canales oficiales tras formalizarse el reclamo diplomático.
Violación de resoluciones de la ONU y acciones legales
La presentación argentina fundamenta que la explotación comercial unilateral por parte de petroleras bajo licencias británicas vulnera de forma flagrante los derechos soberanos del país y transgrede el derecho internacional:
- Resolución 2065 (XX) de la ONU: Reconoce formalmente la existencia de la disputa de soberanía e insta a ambas naciones a resolverla pacíficamente mediante el diálogo bilateral.
- Resolución 31/49: Exige a las partes abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación mientras el diferendo permanezca abierto.
Sanciones y denuncias penales por vuelos no autorizados
La ofensiva diplomática no se limitó a los hidrocarburos. El Gobierno nacional confirmó que detectó vuelos irregulares de la compañía Thales UK Limited cubriendo la ruta aérea entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas con una aeronave de matrícula británica, operando sin los permisos ni la autorización expresa de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Ante este escenario de violación del espacio aéreo y de las normativas vigentes, el mandatario nacional instruyó a la Cancillería y a la Procuración del Tesoro a:
- Abrir de inmediato sumarios administrativos sancionatorios contra la firma británica.
- Radicar las correspondientes denuncias penales en la justicia federal.
- Intensificar los reclamos diplomáticos formales ante las autoridades británicas y los organismos internacionales pertinentes.
