A través de la red de hospitales y centros de salud pública de San Juan, durante el año 2025 se practicaron un total de 1.657 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE) en el marco de la Ley 27.610. La cifra surge del relevamiento nacional «Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina», elaborado de manera conjunta por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la iniciativa Proyecto Mirar, que recopiló datos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
A escala federal, el estudio contabilizó 87.603 procedimientos en 20 jurisdicciones evaluadas, dando cuenta de un volumen total de prácticas que se mantiene en niveles estables respecto del ciclo previo. En la comparación interprovincial, los registros locales quedaron por debajo de distritos con mayor población como Buenos Aires (41.446), Córdoba (9.341), Tucumán (2.417), Jujuy (1.973) y Corrientes (1.933), aunque superaron a jurisdicciones como San Luis, Entre Ríos y Misiones.
Medicamentos, acceso temprano y primer nivel de atención
El relevamiento expuso patrones clínicos y operativos homogéneos en todo el país:
- Acceso temprano: En la gran mayoría de las jurisdicciones, cerca del 90% de las intervenciones se concretaron dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
- Vía farmacológica predominante: El uso de medicamentos continúa siendo el método principal y casi exclusivo aplicado en los efectores públicos, por encima de procedimientos quirúrgicos o de aspiración manual endouterina (AMEU).
- Atención primaria: La mayor proporción de prestaciones se concentra y resuelve en el primer nivel de atención (salitas y centros de salud departamentales).
El costo fiscal: las provincias asumen la compra de insumos
Uno de los ejes más sensibles del reporte apunta a la sustentabilidad presupuestaria. Tras la interrupción de las compras centralizadas de insumos y medicamentos por parte del Ministerio de Salud de la Nación, al menos 13 provincias debieron destinar partidas de sus propios fondos provinciales para garantizar la cobertura.
La merma en las transferencias del programa nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable trasladó el costo directo del servicio a las arcas locales, en un contexto donde los efectores deben sostener el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente sin asistencia financiera central.
Fuente: Diario de Cuyo.
