Una causa por presunta infracción a la Ley de Protección Animal en San Juan se resolvió mediante una salida procesal alternativa. El comerciante Franco David Aciar Castillo, quien había sido imputado luego de que le secuestraran ejemplares de raza dogo argentino en severo estado de desnutrición, accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation) por el término de un año. Como parte del acuerdo homologado en sede judicial, deberá desprenderse definitivamente de los animales, realizar una donación de $100.000 a una entidad protectora y cumplir tareas comunitarias.
La investigación se originó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre el precario estado de tres canes alojados en el inmueble del imputado. Ante esto, el ayudante fiscal Jorge Luis Sánchez requirió el allanamiento del domicilio para incautar a un macho, una hembra y un cachorro, cuyo bajo peso respecto a los estándares de la raza fue ratificado mediante peritajes veterinarios oficiales. Si bien durante la formalización inicial de junio la defensora Paola Escudero argumentó que el cuadro obedecía a dificultades económicas y no a una voluntad dolosa de descuido, la postura varió hacia la resolución alternativa.
El convenio fijó que Aciar Castillo deberá prestar 36 horas de trabajo comunitario distribuidas en un período de cuatro meses, además de efectivizar la compensación económica de $100.000 destinada a la asociación «Pitbull en Peligro». Asimismo, formalizó la cesión definitiva y voluntaria de seis animales: la pareja adulta original, el cachorro rescatado (que actualmente tiene nueve meses) y tres nuevas crías nacidas posteriormente, los cuales quedarán al cuidado y resguardo permanente de la entidad rescatista.
