Un momento de máxima tensión e incertidumbre se vivió en la zona norte de Capital a raíz de un llamado anónimo que alertaba sobre la presencia de un presunto artefacto explosivo en las instalaciones del Colegio Santa María, ubicado en inmediaciones de Lateral de Avenida de Circunvalación y Salvador María del Carril. La situación movilizó de urgencia a las fuerzas de seguridad, aunque rápidamente se constató que se trató de una falsa alarma generada por un alumno desde otro establecimiento educativo.
El episodio comenzó cuando un llamado telefónico a la línea de emergencias, efectuado por una persona de sexo masculino, aseguró de forma tajante que había colocado una bomba en el edificio escolar de la institución confesional.
Rápido despliegue y rastreo de la comunicación
Frente a la gravedad de la advertencia, se activaron los protocolos de rigor:
- Intervención policial: Personal de la Comisaría 2ª de Concepción acudió de inmediato al lugar para brindar cobertura perimetral y evaluar una posible evacuación, al tiempo que se dio inmediata intervención a los peritos de la Brigada de Explosivos de la Policía de San Juan.
- Rastreo del abonado: En un primer momento, los operadores policiales intentaron restablecer la comunicación con el número de origen pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, minutos después de insistir en la marcación, una persona atendió la llamada entrante.
Sorpresa en la comunicación y resolución del caso
Quien contestó el teléfono del abonado rastreado fue la directora del Colegio Esteban Echeverría, quien sorprendida por la comunicación policial interiorizó a los efectivos sobre la situación. Según trascendió, el llamado intimidatorio había sido realizado minutos antes por un alumno de dicho establecimiento mediante el uso del teléfono, desactivando así cualquier sospecha real de riesgo para la comunidad educativa del Colegio Santa María.
Las autoridades de la comisaría jurisdiccional labraron las actuaciones correspondientes para elevar el informe a la Justicia de Menores y a las autoridades del Ministerio de Educación a fin de definir las medidas disciplinarias y administrativas que recaerán sobre el responsable de la falsa amenaza.
