La causa judicial que investiga el asesinato de Uriel Ríos (ocurrido a la salida de una fiesta clandestina en la zona de El Médano) y las heridas sufridas por su hermano Uziel ingresó en una etapa decisiva tras una ronda clave de declaraciones testimoniales y el análisis exhaustivo de registros audiovisuales. En diálogo exclusivo con Radio Colón, el abogado de la familia de la víctima, Dr. Martín Zuleta, brindó detalles sobre las pruebas incorporadas y anticipó que no solo pedirán el cambio de calificación legal contra los presuntos homicidas, sino que también irán contra los organizadores y propietarios del predio.
De acuerdo con lo expuesto por el letrado, la declaración de Uziel —hermano de Uriel y víctima de una puñalada— junto con el testimonio de la novia de uno de los sospechosos y otros testigos presenciales permitieron reconstruir el origen del ataque. El altercado se habría desatado tras un malentendido vinculado a un supuesto piropo que derivó en agresiones con golpes y piedras contra una camioneta conducida por la madre de uno de los jóvenes. Asimismo, la División Informática de la Policía de San Juan finaliza una compilación cronológica de videos registrados por celulares de los asistentes que será entregada al juzgado entre jueves y viernes. Dichos registros permitirán individualizar con certeza al autor material de la estocada mortal que Uriel recibió directamente en la zona cardíaca.
Rechazo al «homicidio en riña» y responsabilidades por la clandestinidad
La querella remarcó su disconformidad con la actual carátula provisoria de «homicidio en riña», argumentando que las filmaciones muestran con claridad que no se trató de una agresión tumultuaria generalizada, sino del accionar puntual de al menos un agresor que empuñó un arma blanca para ultimar a la víctima. Respecto a los dos menores involucrados que permanecen bajo custodia judicial en un dispositivo de abordaje de Desarrollo Humano, Zuleta advirtió sobre la contradicción existente entre la ley nacional —que faculta la prisión preventiva para delitos graves cometidos por menores— y el Código Procesal provincial para adolescentes, el cual prohíbe taxativamente dicha medida cautelar.
Por último, la representación legal confirmó que accionará legalmente contra los responsables del evento. El letrado remarcó que el desalojo abrupto de cerca de 300 jóvenes tras la rotura de los baños provocó un colapso en las inmediaciones del salón, sin presencia de seguridad privada ni adicionales policiales requeridos por ley. Esa aglomeración masiva en la vía pública generó peleas por conseguir transporte y propició las condiciones que desencadenaron la tragedia.
