La causa penal que investiga presuntas anomalías en la contratación, sobreprecios y calidad de los materiales de la megaobra hídrica del Acueducto Gran Tulum ingresó en una fase determinante. Este miércoles 30 de septiembre, los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, formalizaron una presentación ante la Oficina Judicial Penal (OfiJu) para solicitar la inmediata fijación de audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra las 11 personas investigadas en el expediente.
Los 11 investigados y los plazos de Tribunales
El requerimiento fiscal recae sobre la nómina completa de involucrados que fueron formalmente notificados la semana previa sobre el curso de la causa:
- Exmandatarios y funcionarios clave: el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el exintendente y exvicegobernador Cristian Andino, el exministro de Infraestructura Julio Andino, y los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz.
- Técnicos y directivos corporativos: la nómina se completa con Juan Carlos Caparrós, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y el directivo de la proveedora Krah América Latina, Rolando Vicente Caruso.
- Fechas tentativas: tras la solicitud, la Oficina Judicial Penal dispondrá de un plazo de aproximadamente diez días hábiles para cursar las notificaciones de rigor a las defensas, estimándose que la audiencia se llevará a cabo durante la segunda quincena de octubre.
El origen de la denuncia: cañerías, sobreprecios y allanamientos
La causa judicial se inició a partir de una presentación realizada en diciembre por el abogado penalista Marcelo Arancibia:
- Objeto procesal: los pesquisas analizan la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la adjudicación de la obra, sospechas de sobreprecios millonarios y denuncias relativas a la calidad técnica de las cañerías instaladas por la firma Krah América Latina.
- Prueba documental: durante septiembre, la Fiscalía llevó a cabo allanamientos en sedes vinculadas a la firma contratista, logrando el secuestro de computadoras y biblioratos con expedientes licitatorios que se incorporaron como peritaje.
- Garantías procesales: desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la notificación previa y el pedido de audiencia responden al derecho de los involucrados a ejercer su defensa técnica, designar patrocinio letrado y tomar vista irrestricta de las actuaciones.
Fuente: Diario Móvil
