La situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en San Juan ha pasado de ser una preocupación administrativa a convertirse en una verdadera emergencia sanitaria. Lo que alguna vez fue un sistema de respaldo para militares, gendarmes y sus familias, hoy se traduce en puertas cerradas, turnos cancelados y una incertidumbre asfixiante para miles de beneficiarios.
El abandono en números
En la provincia, se estima que son 7.000 los afiliados que han quedado a la deriva. La interrupción de servicios no distingue jerarquías ni urgencias, afectando a:
- Personal retirado con enfermedades crónicas.
- Miembros en actividad y sus grupos familiares.
- Pacientes con tratamientos oncológicos o de alta complejidad que no pueden ser interrumpidos.
Un sistema «disuelto» en los hechos
Aunque institucionalmente la obra social sigue existiendo, la realidad en las farmacias y clínicas de San Juan cuenta una historia diferente. La ruptura de convenios por falta de pago ha provocado que los afiliados se encuentren con una respuesta recurrente: «No recibimos IOSFA».
«Aportamos toda la vida para tener una vejez tranquila y hoy tenemos que elegir entre comprar medicación o comer», relata uno de los afectados, reflejando el sentimiento de desprotección que impera en el sector.
Los puntos clave del conflicto
La crisis se agrava por una combinación de factores que han detonado en el último semestre:
- Deuda millonaria: El corte de servicios por parte de los prestadores privados locales ante la falta de actualización de aranceles y moras en los pagos.
- Falta de respuestas locales: La delegación San Juan se encuentra limitada por decisiones centralizadas en Buenos Aires, dejando a los afiliados sin interlocutores con capacidad de solución.
- El «Gasto de bolsillo»: Los pacientes se ven obligados a pagar consultas particulares que oscilan entre los $15.000 y $25.000, sumado al costo total de los medicamentos, sin garantías claras de reintegro.
Sin horizonte de solución
A pesar de los reclamos formales y las gestiones ante las autoridades nacionales, la solución no parece estar cerca. Para los 7.000 sanjuaninos afectados, la salud ha pasado a ser un privilegio que deben costear por fuera de un sistema al que siguen aportando obligatoriamente mes a mes.
La comunidad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la provincia se mantiene en estado de alerta, no descartando medidas de fuerza o presentaciones judiciales masivas para exigir que se garantice el derecho constitucional a la salud.
