En el marco de la Argentina Week desarrollada en París, el Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del denominado Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa destinada a captar divisas extranjeras que permitirá a ciudadanos de otros países solicitar la naturalización argentina a cambio de un desembolso económico directo o la suscripción de títulos públicos. El anuncio fue encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes confirmaron que la recepción de solicitudes comenzará a regir durante el cuarto trimestre de 2026 bajo la órbita de una agencia descentralizada del Palacio de Hacienda dirigida por Aixa Granara.
El esquema financiero plantea dos alternativas concretas para el solicitante principal: la primera consiste en un aporte directo no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional; la segunda contempla la suscripción de un bono público especial por USD 800.000 a tasa cero. La iniciativa habilita además la extensión del beneficio al grupo familiar primario: los cónyuges e hijos solteros de entre 18 y 25 años sin descendencia podrán incorporarse abonando USD 100.000 adicionales cada uno, mientras que para los menores de 18 años la suma fijada es de USD 25.000. De este modo, un grupo tipo integrado por dos adultos y dos menores demandaría un ingreso total de USD 500.000 bajo la modalidad de donación al Tesoro.
Filtros de seguridad y el debate jurídico de fondo
Desde el Ejecutivo remarcaron que el desembolso de los fondos no confiere la ciudadanía de manera automática. Cada postulante deberá sortear una exhaustiva auditoría a cargo de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad e Interior, que cotejarán antecedentes penales y reputacionales internacionales, trazabilidad de los capitales bajo normas de la OCDE y el GAFI, historial migratorio y riesgos geopolíticos de la jurisdicción de origen.
Sin embargo, el proyecto reabre una controversia institucional en los tribunales: el origen de la medida se basó en el DNU 366/2025, normativa que fue declarada nula el pasado 30 de junio de 2026 por la Cámara Nacional Electoral al considerar que el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto sobre derechos político-electorales ni arrebatarle a los jueces federales la potestad exclusiva sobre la concesión de cartas de ciudadanía. El Gobierno anticipó que las resoluciones pasarán administrativamente por la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que el esquema deberá sortear eventuales planteos judiciales antes de su operatividad definitiva.
