En una iniciativa pionera orientada a blindar la contención de quienes padecen adicción a las apuestas, la Caja de Acción Social de San Juan encabeza un ambicioso acuerdo regional con los gobiernos de Mendoza y San Luis. El propósito central radica en cruzar los padrones oficiales de personas autoexcluidas para vedarles el ingreso a todos los casinos físicos y plataformas virtuales habilitadas de la región, clausurando una histórica fuga geográfica que permitía a los jugadores inhabilitados en una jurisdicción cruzar los límites provinciales para seguir apostando sin restricciones.
El titular de la entidad sanjuanina, Juan Pablo Medina, confirmó que las negociaciones territoriales se encuentran en una fase decisiva tras lograrse un principio de entendimiento entre las administraciones cuyanas. Según precisó el funcionario, el universo de sanjuaninos amparados por esta medida de resguardo voluntario ronda los 250 ciudadanos, cuyas identidades permanecen bajo estricto secreto profesional y seguimiento técnico por parte de los gabinetes psicológicos de la división de Juego Responsable. Este equipo multidisciplinario es el encargado de intervenir cuando las conductas compulsivas desestructuran la economía familiar y los vínculos afectivos, formalizando el convenio de prohibición de acceso que ahora tendrá alcance interestatal coordinado con las empresas concesionarias.
De manera paralela a este blindaje en las salas tradicionales, la provincia intensificó el combate frontal contra el juego clandestino digital, apoyada en el nuevo marco regulatorio del sector. La ofensiva combina la intervención penal del Ministerio Público Fiscal —encargado de perseguir bajo el artículo 301 bis del Código Penal a los denominados cajeros e intermediarios ilegales— con una estrategia tecnológica de vanguardia. Para agilizar las denuncias y neutralizar sitios web y perfiles en redes sociales, el Estado provincial implementó un software dotado de inteligencia artificial que rastrea las redes en tiempo real y categoriza los portales con mayor flujo de usuarios para formalizar bloqueos concentrados junto al ENACOM, el Banco Central, Nic.ar y la firma Meta. Como cierre de esta política preventiva integral, el esquema proyecta asignar el 10% de lo recaudado por el juego legal online al tratamiento asistencial de la ludopatía, sumando campañas educativas conjuntas con los ministerios de Educación y Familia y Desarrollo Humano.
Fuente: Tiempo de San Juan
