Una compleja y aceitada organización criminal familiar integrada por 18 personas quedó formalmente enviada a juicio oral ante el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan. La red delictiva, investigada exhaustivamente por el fiscal federal Fernando Alcaraz entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, montó una estructura de comercialización de cocaína que funcionaba con el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas como base operativa y «sucursal» de recaudación, canalizando más de 800 millones de pesos a través de billeteras virtuales y blanqueando al menos 113 millones en propiedades inmobiliarias y vehículos.
De acuerdo con la acusación formal, la jefatura interna recaía sobre Rodolfo Daniel «el Jetón» Carrizo desde el Pabellón 4 (Sector 2), quien administraba las ventas, llevaba el registro de deudas y ocultaba los estupefacientes en el taller de carpintería del presidio. Sus laderos intramuros eran Facundo Martín Torraga y Gabriel Antonio Villarroel, encargados de la venta a otros internos y del cobro mediante transferencias digitales. Ese dinero era transferido a cuentas externas gestionadas por la pareja de Carrizo, Ivana Gabriela Gómez, encargada de la contabilidad y logística patrimonial.
Búnkeres en los barrios y lavado mediante testaferros
En el exterior, la pata operativa era liderada por el sobrino del cabecilla, Oscar Nahuel Carrizo, y su pareja Carla Luciana Brizuela Robledo, quienes coordinaban el fraccionamiento y la provisión a múltiples puntos de venta en los barrios Noroeste III (Santa Lucía), 7 Conjuntos I y II, Villa del Sur y 19 de Noviembre (Chimbas), con la participación de familiares y custodios armados como Marisa Robledo, los hermanos Dávila Ochoa, Federico Carrasco Garín, Lucas Pissano y Graciela Rocha. La pesquisa comprobó que una sola de las cuentas satélite movió 247 millones de pesos —enviando 169 millones directamente a proveedores de cocaína en Mendoza—, mientras que la «caja central» superó los 171 millones sin ningún tipo de actividad económica legal que lo justifique.
Para disimular el origen ilícito de los fondos, la banda utilizó a los padres de Nahuel Carrizo como testaferros, adquiriendo un Fiat Cronos 0 Km por 21 millones de pesos y cuatro terrenos en el Loteo Fénix de Santa Lucía por más de 92 millones de pesos. Ante la contundencia de las pruebas por tráfico de drogas agravado y lavado de activos, el fiscal Alcaraz requirió penas de hasta 10 años de prisión para Nahuel Carrizo, 9 años para Carla Brizuela Robledo, 8 años para «el Jetón» Carrizo y Marisa Robledo, y condenas de entre 3 y 7 años y medio para el resto de los partícipes de la organización.
Gentileza: 0264 Noticias.
