Una escalofriante causa por violencia intrafamiliar y abusos sistemáticos se ventiló este martes en los Tribunales provinciales, concluyendo con la inmediata detención y traslado al Penal de Chimbas de Luis Ramón Guevara (42), un jornalero radicado en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo. El imputado se presentó a la audiencia judicial en libertad, pero el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi ordenó hacer lugar al requerimiento de la fiscal Alejandra Bazán (UFI CAVIG) y dictó 60 días de prisión preventiva bajo la imputación de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por la situación de convivencia preexistente.
La investigación se inició formalmente el pasado 27 de mayo de este año, luego de que una joven —hoy de 26 años— reuniera el valor para romper el silencio y denunciar el tormento que padeció entre sus 6 y sus 13 años. Según consta en el legajo fiscal, los ataques ocurrían de manera recurrente ante ausencias de la madre o mientras los demás dormían. Para evitar que la niña hablara, Guevara la amenazaba de muerte asegurándole que asesinaría a su madre, todo en un contexto familiar atravesado por brutales palizas hacia ambas si intentaban resistirse.
Torturas con arácnidos y extrema precariedad
El expediente detalla que entre los 6 y los 10 años de la menor, la familia convivió en condiciones de extrema vulnerabilidad en una precarias casillas situadas en inmediaciones de un basural. En ese escenario, el acusado acudía a métodos de crueldad perversa: conociendo la fobia que la niña le tenía a las arañas, atrapaba ejemplares en frascos y se los arrojaba o colocaba sobre el cuerpo para paralizarla de pavor y someterla sexualmente sin que opusiera defensa. El calvario concluyó recién a sus 13 años, momento en que logró relatar lo sucedido a su abuelo y escapar a vivir con él.
Durante la audiencia, se reveló un dato atípico: Guevara carece de DNI y de partida de nacimiento inscrita, por lo que la Justicia debió iniciar trámites filiatorios extraordinarios. Además, padece patologías de base como epilepsia y diabetes, por lo que el magistrado dispuso que reciba asistencia médica y social estricta mientras cumple la medida cautelar en el Servicio Penitenciario Provincial. La defensa, ejercida por el abogado Jorge Ramos, sostuvo la presunción de inocencia de su asistido de cara a la etapa preparatoria de recolección de pruebas.
