En medio de un escenario de tensiones y medidas de fuerza en el ámbito educativo, se conoció un nuevo fallo judicial que vuelve a golpear al Poder Ejecutivo nacional. La Cámara se comunicó para ordenar nuevamente al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, declarando formalmente inconstitucional el decreto que frenaba dicha normativa (el decreto 759/2025).
El asesor legal del gremio ADICUS —que representa a los trabajadores e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)—, el doctor Javier Alamino, detalló en diálogo con Radio Colón los pormenores de la resolución. El letrado explicó que, tras la sanción de la ley por parte de dos tercios del Congreso y su posterior promulgación pese al veto inicial del Poder Ejecutivo, el Gobierno emitió un nuevo decreto que dejaba la norma en suspenso, una maniobra calificada por el ámbito jurídico como una especie de «segundo veto disecado» o veto disfrazado.
Sin embargo, la Justicia de primera instancia dictó una sentencia de fondo favorable a la cuestión, recordando que el amparo colectivo presentado en 2025 tenía como objetivo frenar la inconstitucionalidad de este mecanismo. Si bien la medida cuenta con instancias de apelación por parte del Ejecutivo, el fallo mantiene plena vigencia y firmeza al no existir instancias superiores de carácter cautelar que modifiquen el criterio, ordenando que mientras se resuelva el fondo de la cuestión se cumpla estrictamente con la ley de financiamiento universitario.
Desde el plano gremial advirtieron que la falta de cumplimiento de las pautas salariales generó un marcado malestar que se tradujo en sucesivos paros y medidas de fuerza a lo largo del país. Si bien se había informado un mínimo incremento en las partidas presupuestarias por parte de informes sectoriales (un 0,8%), los representantes sindicales aclararon que esta cifra dista por completo de cubrir el índice de inflación marcado por el INDEC, quedando muy por debajo de las necesidades reales del sector docente.
El fallo judicial representa un nuevo capítulo en la disputa por el presupuesto educativo, mientras los gremios universitarios continúan evaluando los pasos a seguir a la espera de que se regularice la situación salarial y se cumplan de manera efectiva los fondos asignados por ley a las universidades nacionales.
